La fiscal anticorrupción Zoila Sueno solicitó al Poder Judicial que la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y otros 12 investigados paguen cada uno una caución de S/100 mil para garantizar su colaboración en las investigaciones que despliega por el caso Chinchero.
“Dicho monto resulta razonable y proporcional debido a que la modalidad delictiva puesta de manifiesto a través de las diligencias llevadas a cabo hasta el momento dan cuenta del comisión de delito de clara connotación económica”, se lee en la solicitud a la que accedió Perú21.
Esa es una de las medidas que planteó Sueno dentro de la comparecencia con restricciones que requirió al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Las otras son acudir a la Fiscalía cada 30 días para firmar libro de asistencia, no ausentarse de la localidad en la que vive y concurrir a cada citación del Ministerio Público.
A Molinelli se le imputa el delito de colusión agravada por haber firmado, en febrero de 2017, la adenda “lesiva” que se aplicó al contrato de concesión entre el Estado y Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto Chinchero en Cusco.
Según la investigación del Ministerio Público, la adenda cambió las reglas de juego y obligó al Estado a desembolsar más de US$40 millones, asumiendo el riesgo financiero pese a que antes era la compañía Kuntur la responsable.
Al respecto, Roberto Pereira, abogado de Molinelli, aclaró que aún no ha sido notificado con el requerimiento de la fiscal Sueno pero lo calificó de “desproporcional”.
“En este caso no es necesario ni proporcional la medida porque la conducta procesal de la señora Molinelli es ejemplar, ha colaborado presentando medios de pruebas, no hay razón para cambiar la comparecencia considerando que es funcionaria pública y que necesita un desplazamiento libre por territorio nacional e incluso fuera del país”, dijo Pereira a este diario.
Fiorella Molinelli, actual presidenta ejecutiva de Essalud, fue citada por Sueno para el lunes 23 de setiembre, día en el que deberá someterse a un interrogatorio para esclarecer su participación en la concesión de la megaobra.