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Fiscalía acusa a 23 presuntos integrantes de la Red Orellana por caso Sunarp

Entre los involucrados está Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana.

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El fiscal anticorrupción Elvis Suárez Ferrer presentó la tarde de este miércoles la acusación fiscal contra 23 presuntos integrantes de la llamada Red Orellana, entre ellos varios registradores y funcionarios de Sunarp como el ex superintendente, Álvaro Delgado Sheelje para quien pidió 8 años de prisión.  
"Como parte de la acusación fiscal también se solicitó 18 años de prisión contra el registrador público Pedro Guzmán y 13 años y 8 meses para Ludith Orellana Rengifo, hermana de  Rodolfo Orellana", informó el Ministerio Público. Las penas para los presuntos involucrados van de entre 18 y 8 años.
Los hermanos Orellana Rengifo y sus cómplices son investigados por las autoridades fiscales y judiciales por presuntamente apropiarse de múltiples propiedades de terceros que solicitaron sus servicios o fueron víctimas de engaño.
La actuación ilícita, como informó Perú21, fue posible gracias a la complicidad de algunos malos funcionarios de la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), quienes facilitaron la inscripción de los títulos a cambio de dinero y permitieron las transferencias de las propiedades a los testaferros de la organización.
Los hechos imputados, de acuerdo con la Fiscalía, advierten la existencia de una organización criminal liderada por Ludith Orellana Rengifo y conformada por un grupo de abogados, asistentes y operadores, entre ellos las abogadas Patricia Rojas Rocha y Katherine Díaz Berrú, quienes captaron e integraron a su asociación criminal al entonces Superintendente Nacional de los Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, al Registrador Pedro Guzmán Molina y al ingeniero de sistemas de la Sunarp, Wilfredo Núñez Peña, "cometiendo así un sinnúmero de actos de corrupción (sobornos) para que los títulos registrales presentados ante dicha entidad sean direccionados e inscritos a favor de los intereses de la organización criminal".

La Fiscalía Anticorrupción acusó por los ilícitos penales de asociación ilícita, cohecho activo y cohecho pasivo.  
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