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Dos colaboradores revelan cómo operó la red Orellana en la Sunarp

Después de tres meses de investigación, un equipo de la Fiscalía Anticorrupción identificó a los operadores de la organización criminal y a los funcionarios corruptos que permitieron la apropiación de más de 90 inmuebles en Lima y Callao.

Recomiendan aprovechar las facilidades que ofrece la Sunarp. (USI)
Carlos Neyra

Casi tres años después de que fuera desarticulada la presunta organización criminal encabezada por los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo , un juzgado anticorrupción emitió dos sentencias de colaboración eficaz que complican la situación jurídica de los investigados, pero, fundamentalmente, detallan cómo operó esta red en los registros públicos .

Como se sabe, los hermanos Orellana Rengifo y sus cómplices son investigados por las autoridades fiscales y judiciales por presuntamente apropiarse de múltiples propiedades de terceros que solicitaron sus servicios o fueron víctimas de engaño.

La actuación ilícita fue posible gracias a la complicidad de algunos malos funcionarios de la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), quienes facilitaron la inscripción de los títulos a cambio de dinero y permitieron las transferencias de las propiedades a los testaferros de la organización.

Según el expediente judicial, al cual tuvo acceso este diario, los colaboradores eficaces identificados con las claves CECORF 01-2015 y CECORF 05-2015 entregaron al fiscal anticorrupción Elvis Suárez un archivo Excel en cuyo contenido se consigna información de los pagos realizados a los funcionarios que colaboraron con la red Orellana .

Los informantes también entregaron documentos, grabaciones, fotografías, números telefónicos y revelaron detalles de las reuniones sostenidas con los servidores públicos que recibían de los miembros de la organización los números de expedientes y dinero en efectivo.

De acuerdo a lo que se observa en la resolución emitida por el juez Juan Sánchez Balbuena, el equipo que lidera el fiscal Suárez realizó, al menos, 50 diligencias para corroborar cada dato proporcionado por los dos colaboradores eficaces. Estas fueron consignadas en actas y resoluciones, y ahora constituyen evidencia firme para el proceso principal que se les sigue a los hermanos Orellana Rengifo y otras 500 personas por múltiples delitos.

Red Orellana

Red Orellana. (Perú21)

Red Orellana. (Perú21)

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MODUS OPERANDI

En la resolución judicial del 19 de julio se aprecian diversos actos de investigación seguidos por la Fiscalía Anticorrupción con la información proporcionada por el colaborador CECORF 05-2015, a quien el juez Juan Sánchez Balbuena le impuso una pena privativa de dos años de prisión suspendida y una reparación de S/5,000.

El colaborador CECORF 05-2015 narró con lujo de detalles el papel que cumplieron 22 personas del “área de saneamiento” del citado grupo, entre los años 2009 y 2013, cuando él era parte de la organización y obedecían órdenes de Ludith Orellana.

Según las pesquisas, se estableció una relación con el entonces superintendente de la Sunarp Álvaro Delgado Scheel-je y otros ex funcionarios de dicha institución pública.

“Este (Delgado Scheelje) se encargaba de gestionar los direccionamientos de título que presentaba la agrupación delictiva para que arriben a la sección del registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina (hoy detenido)”, señala la resolución judicial.

Según el colaborador, algunos pagos se realizaron en el domicilio de Guzmán, ubicado en La Molina. La Fiscalía contrastó esta información a través de visitas de inspección en dicho lugar, con registros telefónicos y rastro electrónico, obteniendo datos que coincidieron con las fechas y horas señaladas por el colaborador.

La Fiscalía también corroboró la manipulación que se hacía en horas de noche al sistema informático de la Sunarp para direccionar los expedientes presentados por la red Orellana que fueron a parar al ex registrador Guzmán Molina.

La auditoría practicada por dicha institución así lo confirma. El responsable, de acuerdo con el documento judicial, de dicho acto ilícito sería Wilfredo Núñez Peña, del área de Informática de la Sunarp. Núñez Peña negó los cargos ante la Fiscalía.

Con relación al colaborador CECORF 01-2015, quien también integró la organización delictiva, su testimonio permitió corroborar lo dicho por el anterior testigo.

“Presentó información sobre la existencia de unos archivos en formato Excel, los cuales eran utilizados por la agrupación criminal para llevar un control sobre las acciones que realizaban los integrantes de la asociación delictiva, así como llevar un registro, mediante códigos, de los actos ilícitos que se ejecutaban y quiénes participaban en ello”, refiere el documento judicial.

“Pedro Guzmán Molina, dentro de la agrupación criminal y el rol que tenía de inscribir los títulos que llegaban hacia su sección, también ha señalado la vinculación que tenía con el abogado Carlos Vargas Machuca Arrese, quien se encargaba de gestionar los direccionamientos de los títulos”, señala el documento judicial.

Sobre el direccionamiento de títulos al interior de la Sunarp, los fiscales han identificado en las planillas que la organización pagaba entre US$500 y US$1,000 por cada expediente que llegaba a manos de Guzmán Molina.
Los pagos por la inscripción del título tendrían otro precio que pactaba la organización con el ex registrador.

Este testimonio ha permitido esclarecer 32 inscripciones irregulares de inmuebles y abrir nuevos frentes de investigación.

SE DEFIENDE

La respuesta de los investigados quedó consignada en otra resolución judicial. El abogado de Vargas Machuca Arrese interpuso una tutela de derecho. Según el letrado, al incorporar los testimonios de los dos colaboradores eficaces en el proceso principal seguido contra todos los integrantes de la organización, se estarían vulnerando sus derechos.

“Las pruebas trasladadas de las sentencias de los colaboradores eficaces 1 y 5 vulneran la garantía del debido proceso, derecho de defensa y derecho de contradicción en la prueba de origen”, indica. Asimismo, solicita que se excluyan y que no tengan valor de prueba directa ni indirecta los cuadros Excel derivados de las declaraciones de los colaboradores eficaces antes mencionados. De igual manera, que se excluyan las declaraciones brindadas por estos últimos.

Sin embargo, el 24 de octubre, el juez declaró infundada la petición de la defensa.

Según informaron las autoridades judiciales a este diario, la Fiscalía deberá presentar acusación penal en los próximos días por el delito de asociación ilícita para delinquir.

RÉPLICAS DE IMPLICADOS

- El abogado Eduardo Pachas, defensa de Carlos Vargas Machuca, respondió a través del WhatsApp: “Empero, la respuesta es simple, es inocente”.
El abogado de oficio Ulises Rusvel, defensor de Ludith Orellana, sostuvo que ha dejado la defensa técnica de la procesada.

- La letrada Janet Rojas, defensa de Delgado Scheel-je, dijo: “Mi patrocinado colaboró con las autoridades desde el inicio y por ese motivo ahora viene siendo investigado. La Fiscalía tiene indicios que pueden ser desvirtuados”.

- Rodolfo Orellana , hijo, se comprometió a informar a su padre y a su tía Ludith del pedido de réplica formulado por este diario. Al cierre de la edición, no respondió a nuestro pedido.

- El ex empleado de la Sunarp Wilfredo Núñez Peña no respondió nuestra llamada ni a través de una nota dejada en su domicilio.

DATOS

- El equipo liderado por el fiscal Suárez investigó el área de saneamiento de la organización que funcionó en el denominado ‘búnker’ de Orellana Rengifo, ubicado en San Borja.

- El fiscal anticorrupción Elvis Suárez decidió no pronunciarse para la nota.

- Las planillas entregadas por el colaborador eficaz consignan una larga lista de abogados, autoridades, periodistas, empresarios que colaboraron con la red.

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