Fiscalía acreditó con abundantes pruebas los delitos de Gregorio Santos

Este lunes 6 de enero, el Primer Juzgado Penal Colegiado del Poder Judicial dictará sentencia en el juicio oral contra Gregorio Santos Guerrero, a quien la Fiscalía acusa de actos de corrupción en su gestión como gobernador de Cajamarca (2011-2014) y pide que se le imponga 24 años de prisión efectiva. Según los testigos, Santos quería asegurar a su familia con los sobornos que habría recibido.

El fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar le imputa a Santos los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión por el direccionamiento, entre 2011 y 2012, de 12 proyectos a favor de los empresarios Wilson Vallejos Díaz y Luis Pasapera Adrianzén (ver infografía).

A lo largo de los tres años que duró el juicio oral —se inició el 12 de diciembre de 2016—, la Fiscalía ha presentado abundante prueba para acreditar que ambos empresarios, quienes se acogieron a la colaboración eficaz, realizaron pagos a Santos con el fin de asegurarse la adjudicación de las obras.

Según la tesis fiscal, el soborno bordea el millón y medio de soles, entre dinero en efectivo, la compra de un terreno y de otras propiedades.

Este caso de corrupción fue destapado por Perú21 el 17 de setiembre de 2012, cuando informamos de las millonarias licitaciones que, de forma sistemática, ganaban las empresas de Vallejos en Cajamarca, en solo un año. Desde ese día, según contó el propio empresario, él y Santos intentaron eliminar las pruebas de su relación.

“El 17 de setiembre de 2012 sale la nota periodística de Perú21 y ese mismo día yo llamo a Gregorio Santos por teléfono. Nos encontramos y le expliqué el tema. Gregorio me dice que me tranquilice. Que vería la manera de cómo lo íbamos a arreglar y que de todas maneras prepare una carta notarial contra Perú21. Ahí mismo rompimos los teléfonos y sus chips”, declaró Vallejos el 22 de marzo de 2017 en el juicio oral.

También contó que el destape periodístico los obligó a que el 21 de setiembre de 2012 se declare nula la licitación del Hospital de Jaén, que ya había sido adjudicada a Vallejos por casi S/80 millones.

Registro de pagos

Lo que no se llegó a destruir fue un cuaderno en el que Wilson Vallejos había anotado todos los pagos hechos a Gregorio Santos entre 2011 y 2012. El empresario registró un total de 25 entregas de dinero con el nombre de “Goyo” o “Goyo depósito”, apelativo con el que se conoce al exgobernador, y que suman aproximadamente S/932,100.

Para entregar este presunto soborno, Vallejos utilizó a familiares y trabajadores de sus empresas que depositaban sumas menores de dinero en cuentas de personas cercanas a Gregorio Santos. Durante el juicio oral, la Fiscalía mostró los vouchers de estos pagos.

Por ejemplo, el 28 de agosto de 2012, Juan Salazar Silva, chofer de Santos, recibió en su cuenta de ahorros S/10 mil que fueron depositados por Cristian Castro Urcia, trabajador de CCC Constructora e Inmobiliaria, empresa de Vallejos. Ese mismo día, Castro depositó la misma cantidad de dinero a la cuenta de Alberto Cieza Rojas, agente de seguridad de Santos.

En el juicio oral, Cieza contó que el exgobernador le pidió “de forma urgente” su número de cuenta. “Accedí de buena fe porque estaba subordinado a él como autoridad regional. Luego del depósito, retiré el dinero y se lo entregué a Gregorio Santos en su domicilio. No sabía de quién procedía”, dijo.

El dinero de Vallejos fue utilizado incluso para que la exesposa de Santos, Nancy Dávila Castillo, compre un departamento dúplex y un estacionamiento en Chiclayo (Lambayeque). En 2012, Dávila celebró un contrato de compra-venta con Eloy Sánchez Leiva (propietario); sin embargo, parte del pago llegó de Juan Fernando Vallejos Díaz —hermano de Wilson—, quien en setiembre de ese año realizó tres depósitos a Sánchez Leiva por S/50 mil en total.

Según la Fiscalía, a cambio de estos pagos se modificaban las bases de los concursos públicos a conveniencia de Wilson Vallejos para que se ajusten a las propuestas técnicas de sus empresas o se colocaban candados que descalificaban a los competidores.

Los 11 proyectos que ganó Vallejos fueron adjudicados por Proregión, unidad ejecutora que tenía como presidente del directorio al exgobernador. Para lograr el direccionamiento de las obras, Santos habría colocado a personas de confianza en puestos clave dentro de Proregión. De allí se deriva el delito de asociación ilícita.

El 3 de diciembre de 2015, José Panta Quiroga, exdirector de Proregión, relató la propuesta que le hizo Santos.

“Gregorio Santos me dice: Señor Panta, en la confianza que está usted acá, debo indicarle que hay un acuerdo de que la comisión por los pagos es del 3% por cada pago que se realiza. Me pide que coordine con Juan Coronado (exadministrador de Proregión) (...) Yo le dije a Coronado que si vamos a hacer estas cosas de favorecer a un empresario, la consecuencia es que nos vamos a ir presos”, señaló. Además, reveló que Santos le dijo: “He luchado tanto que necesito asegurar a mi familia” y luego le indicó que de todas formas debía apoyar a Vallejos.

La misma modalidad

El empresario Luis Pasapera fue beneficiado con una sola obra, pero fue la más cara de todas, con más de S/28 millones.

Para los pagos se utilizó la misma modalidad que con Vallejos. Se detectaron 20 vouchers de pago entregados a nueve personas del círculo de Santos, entre ellos uno a su exesposa, por S/25 mil, y otro por US$10 mil que recibió directamente el exgobernador. El monto total del presunto soborno asciende a S/502 mil.

Parte de esta supuesta coima se utilizó para la compra de un terreno por parte de la actual pareja de Santos, Maritza Briones Rojas. Pasapera mostró a la Fiscalía un voucher por más de US$14 mil que un trabajador de su empresa, Project Construction SAC, depositó en la cuenta de Heber Briones, familiar de Maritza Briones.

“Yo le proporcioné mi número de cuenta a Maritza en 2011, cuando mi papá le vende a ella un terreno de S/40 mil y faltaba pagar una parte”, contó Heber Briones en juicio.

Tenga en cuenta

- Perú21 intentó comunicarse con la abogada de Gregorio Santos, Cynthia Cornejo, pero no respondió nuestras llamadas y mensajes.

- A lo largo del juicio, Santos aseguró que la investigación es una persecución política y se ampara en que no existen sobrecostos en las obras.

- Santos fue candidato a la presidencia y afirma que lo volverá a intentar en 2021.