Aun cuando cuente con el respaldo del presidente Pedro Castillo, el ministro de Defensa, Walter Ayala, no podrá eximirse de responder ante la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República por las presuntas presiones y maniobras en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas que derivaron en el repentino relevo y pase a retiro de los excomandantes generales del Ejército del Perú, general EP José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Gral. del Aire Jorge Chaparro.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió –finalmente– abrir una investigación contra el titular del Mindef. La medida alcanza también al secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, a quien el general Vizcarra –en una entrevista con RPP– identificó como la persona que junto con el ministro Ayala “insistieron en los ascensos de varios recomendados”.
Como parte de la investigación, en los próximos días, la Fiscalía solicitará los testimonios de Ayala, Pacheco, Vizcarra y Chaparro. “La titular del Ministerio Público tomó esta decisión luego de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los exaltos oficiales, así como del titular de Defensa”, se informó.
En el Parlamento, en tanto, el tema también está en agenda. Ayer, el Pleno aprobó, con 77 votos, la admisión de la moción para interpelar al ministro de Defensa. Votaron en contra 34 legisladores, entre ellos los de Perú Libre que cerraron filas mayoritariamente en favor de Ayala. Solo dos se abstuvieron: Flavio Cruz y Janet Rivas.
Concluida la votación, desde la Presidencia del Congreso se anunció que el cuestionado funcionario será citado para el próximo martes 16 de noviembre a las 9:00 a. m. a fin de que responda al pliego de siete preguntas relacionadas a su paso por la Policía y los últimos ascensos en las FF. AA.
Por su parte, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), solicitó ampliar su denuncia contra el ministro ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo que derivaría en la destitución e inhabilitación por 10 años para el ejercicio de cargo público de Ayala. Ello con el fin de que se cite al presidente Castillo ante ese grupo de trabajo para que dé su testimonio respecto de las graves denuncias de intromisión en los ascensos.
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En diálogo con Perú21, Jorge Montoya (RP) recordó que hoy el ministro de Defensa se presentará en la Comisión de Defensa. “Vamos a hacerle preguntas en torno a los ascensos, la medida para que las FF. AA. salgan a las calles y otros temas; tiene que rendir cuentas al Congreso”, subrayó. Mientras, Hernando Guerra (FP) anticipó que se recolectarán firmas para su censura.
Por Romy Chang // Abogada penalista
La denuncia de la Fiscalía se demoró, este es un tema público que debió generar mayor celeridad en el pronunciamiento de la Fiscalía, más aún cuando se decidió abrir una investigación contra funcionarios de alto cargo.
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Hay dos cargos por los cuales la Fiscalía de la Nación se aboca a esta investigación y son los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal. El patrocinio ilegal sanciona a toda persona que, utilizando su calidad de funcionario público, defiende intereses de particulares ante la administración pública; tiene una pena mínima de dos años o se sanciona con prestación de servicio a la comunidad. Honestamente, no es el mejor tipo penal para estas figuras. En este caso hubiera sido más pertinente abrir una investigación por delito de tráfico de influencias que tiene una pena más grave, de cuatro a ocho años de cárcel. La Fiscalía no lo menciona en su investigación preliminar, pero más adelante lo puede incluir.