Cada vez quedan menos dudas de que el Congreso de la República legisla en contra del interés ciudadano. Jalados en comprensión en lectora, o si se quiere ver de otra manera, aprobados en lo que mejor saben hacer: dictar leyes en función de sus intereses, por populismo puro o por encargo de alguien.
Una muestra más de ello es la aprobación de la norma que autoriza el nombramiento automático de aproximadamente 200 mil docentes contratados con más de tres años de experiencia, sin la obligatoriedad de rendir ningún examen mínimo de rendimiento y capacidad, lo cual, claramente, perjudica la calidad educativa y ha merecido un amplio rechazo de la mayoría de peruanos, según la encuesta de Ipsos para Perú21.
En este estudio se observa que el 79% de ciudadanos considera que esta decisión, refrendada con 80 votos parlamentarios y exonerada de segunda votación, “es negativa porque no permite evaluar adecuadamente la capacidad y calidad de los docentes”.
La cifra llega a un contundente 94% en el sector socioeconómico A, con números igual de altos en el B (84%) y en el C (81%). A nivel de regiones, la opinión es muy amplia en Norte, Sur y Centro, con 83%, 80% y 77%, respectivamente. Es decir, la meritocracia no es un criterio que puede ser relativizado tan alegremente por el Congreso ni por el Ejecutivo, más aún en el sector educativo en el que la última prueba PISA en pensamiento creativo nos dejó muy mal parados.
De momento, el Gobierno, a través del vocero del sector, el ministro Morgan Quero, ha dejado abierta la posibilidad de observar la iniciativa. En RPP, sostuvo que realizarán “una evaluación técnica” y que “si es necesario observarla, lo haremos”.
El 22 de junio, el Consejo Nacional de Educación (CNE) emitió un pronunciamiento en el que instó al Ejecutivo a observar la cuestionada norma porque afectaría la calidad de la educación. Y así opina también el 75% de ciudadanos peruanos consultados en la encuesta de Ipsos. La cifra es de 79% en Lima y el 73% en el interior del país.
“AFECTAN LA CALIDAD EDUCATIVA”
“Lo digo bien fuerte: la prioridad del Congreso no son los estudiantes, no es la calidad educativa de nuestros estudiantes ni la oportunidad de mejorar nuestro sistema educativo; hoy la prioridad del Congreso es favorecer a aquellos docentes que no están pensando en el estudiante, sino en la comodidad o en no demostrar esfuerzo en mejorar su propia práctica y, a través de ello, la calidad de educativa”.
Esa rotunda declaración de la educadora y exministra de Educación Marilú Martens resume la gravísima actitud de los legisladores. En diálogo con Perú21, Martens señaló que “hoy el Congreso se ha concentrado en aprobar una serie de leyes que afectan, por donde se le mire, la calidad educativa y que son, definitivamente, un retroceso para el país”.
En 2012, sostuvo, se incluyó la meritocracia en la carrera docente, lo cual “fue un hito” en el Perú. “Ganamos como país, como sistema educativo, como oportunidad de ir por el camino correcto hacia la calidad educativa que todos queremos”, dijo.
MIRA: Congreso de la República abre las puertas a la mediocridad en educación
La relevancia de la evaluación del docente, continuó, se basa en que este es “el agente más importante en la calidad educativa para nuestros estudiantes” y, por ello, “debe ser consciente de que tiene que seguir perfeccionando su práctica, su conocimiento”.
“Cualquier persona o empresa evalúa a sus colaboradores. En el caso de los docentes, se deben identificar oportunidades de mejora en su propia práctica y en la formación profesional, que sabemos que no es la mejor. Muchísimas universidades, institutos, escuelas, no atraían necesariamente a los mejores candidatos a desarrollar la carrera, sino que muchas veces era la carrera que menor puntaje requería para ingresar. Entonces, la evaluación es indispensable para saber dónde estás y, a partir de eso, implementar mejoras”, declaró.
Martens recordó que en 2017, durante la huelga magisterial y cuando era la titular de la cartera, los docentes ya se oponían a ser evaluados. Añadió que “no es viable que por el tiempo uno permanezca o ascienda” como docente en el sector público. “Yo, como docente que soy, creo que uno debe aspirar a seguir mejorando y a dar lo mejor para nuestros estudiantes, y eso lo permite la evaluación”, finalizó.
Por su parte, el educador León Trahtemberg sostuvo que “tres años de contratados es más que suficiente, pero creo que son las instituciones educativas las que deben escoger a quiénes, de todos los contratados hábiles, desea tener en su plantilla docente como nuevo nombrado. Es la escuela la que debe evaluar y no el Ministerio de Educación (Minedu)”.
“No veo cómo la existencia de nombrados con un pésimo sistema de evaluación de méritos hasta ahora haya garantizado la calidad de una educación que languidece. No veo reflejos y autocrítica del Minedu en el tema de calidad”, concluyó en conversación con este diario.
Casi toda la población a nivel nacional, el 97%, sabe perfectamente que los condenables abusos sexuales en comunidades indígenas de Amazonas no son prácticas culturales, a pesar de lo señalado por el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández.
Es más, si se analiza la cifra en el ámbito rural, el 99% lo tiene claro. Igual que en las regiones Norte, Centro, Sur y Oriente. Los números, que demuestran la ignorancia de estos dos ministros, son igual de contundentes en el desagregado por niveles socioeconómicos y por edad y género. (Ver las tablas en nuestra versión digital https://epaper.peru21.pe)
Al respecto, León Trahtemberg señaló a Perú21 que “fue una torpeza del ministro de Educación relativizar la calificación de esos abusos sexuales. Luego se rectificó, pero dejó una huella amarga en la población”.
En tanto, Marilú Martens dijo que “las violaciones sexuales son un crimen y hacia menores de edad son aún más graves”. Sostuvo que “estigmatizar a la comunidad awajún ha sido, por decir lo menos, un grave error”.
“El Perú se ha expresado a través de esta encuesta. Aceptamos las disculpas del ministro y esperemos que esto no se repita, pero veamos esto como una oportunidad de que nuestros funcionarios reciban una capacitación sobre lo que realmente son estos crímenes en espacios donde deberíamos dar todas las garantías, como las escuelas”, dijo que la exministra de Educación.
Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis