En el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia firmado por distintas autoridades judiciales, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde presentó este viernes ante el Ejecutivo un paquete de 22 medidas que tienen como finalidad crear una política integral de lucha contra la corrupción que atraviese todos los niveles del Estado.
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En la solicitud, el fiscal plantea una supervisión permanente de los recursos que financian a los partidos políticos y la creación de registros únicos de funcionarios públicos condenados por delito contra la administración pública y de funcionarios y servidores públicos inhabilitados.
Además, propuso verificar los antecedentes policiales, judiciales y penales de todos los funcionarios y servidores públicos con el fin de conocer el historial legal de quienes ejercen cargos públicos.
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Pablo Sánchez Velarde reiteró la necesidad de que se otorgue no menos del 2% del Presupuesto General de la República al Ministerio Público, con el fin de dotar a esta institución del equipamiento humano y logístico necesario que permita garantizar una lucha frontal contra el crimen y la corrupción en todo el país.
"El Estado lidera la política anticorrupción, por lo mismo, debe de invertir en justicia para que sus instituciones crezcan. Ello facilitará la formación de funcionarios de élite: fiscales y jueces especializados, policía especializada y debidamente seleccionada para investigar estos casos", dijo el fiscal de la nación.