Fiscal: lucha contra la corrupción en Junín es “un fracaso y una farsa”

Hace casi seis meses, y antes de la polarizada coyuntura a causa de las elecciones generales, un informe fiscal interno dirigido desde Junín a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, advertía de los índices negativos que se estaban registrando en torno a la productividad de los fiscales provinciales anticorrupción en esa región, la tierra del procesado exgobernador Vladimir Cerrón.

El documento, del 30 de diciembre de 2020, lleva la firma del entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Boris Olivera Espejo, quien ese mismo día le daba la posta en el cargo al fiscal superior Francisco Pariona para el periodo 2021-2022.

Allí, se recoge abundante información estadística sobre los procesos fiscales que están en trámite desde 2011, el sentido de las sentencias emitidas y las solicitudes de prisión preventiva, entre otros, para luego llegar a una conclusión que es, ciertamente, contundente y no deja lugar a interpretaciones.

“Siendo que, a mi parecer, el subsistema anticorrupción que se viene ejerciendo en este distrito fiscal es un total fracaso y una farsa; lo cual ocasiona gran malestar en la ciudadanía al advertir que diversos procesos se encuentran estancados sin la obtención de buenos resultados”, cuestiona en el informe reservado entregado por fuentes fiscales a Perú21.

HABLAN LAS CIFRAS

Según el registro, desde 2011 hasta octubre de 2020 ingresaron a la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Junín unos 5,132 casos. De ellos, 3,670 fueron resueltos; sin embargo, casi un 30% (1,462) seguían todavía “en trámite”, pese a que varios de ellos datan de 2011, 2012, 2013 y 2014 (ver gráfico abajo). Acá es protagonista el mismo Cerrón, que también afronta un rosario de procesos penales.

“Son nueve años que dichas investigaciones no han sido resueltas, lo cual denota ciertas falencias e inactividad (y) que es necesario realizar un exhaustivo control”, remarcó el fiscal superior sobre las 14 investigaciones que se iniciaron en 2011 y aún siguen estancadas.

En el periodo de 2016 hasta 2020, la fiscal adjunta Katia Hurtado Ames era quien ostentaba el ranking de casos con plazos vencidos, registrando 75; seguida de la fiscal Rosa Zanabria Mueras, con 69.

Sobre los resultados obtenidos con las investigaciones, el 2017 fue el año más “crítico” al registrarse 149 casos con sentencias absolutorias y tan solo 137 condenatorias. En total, siguiendo ese indicador, son 418 las absoluciones y 563 las condenas alcanzadas entre 2011 y 2020.

Este diario consultó a la Fiscalía de la Nación por las acciones implementadas a raíz de lo expuesto en el documento, que también fue enviado al fiscal coordinador anticorrupción, Omar Tello. Hasta el cierre de este reporte, no hubo una respuesta.

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