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Fiscal José Domingo Pérez imputa cuatro nuevos delitos a lideresa de Fuerza Popular
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Haber sido liberada por orden del Tribunal Constitucional (TC) le ha traído más complicaciones a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya que el fiscal José Domingo Pérez ha acelerado el paso para terminar de consolidar la investigación que le sigue por lavado de activos.
Después de recoger los testimonios de empresarios como Dionisio Romero Paoletti y Vito Rodríguez, quienes revelaron haber entregado grandes sumas de dinero en efectivo a la excandidata presidencial para financiar su campaña de 2011, Pérez ha advertido la comisión de nuevos delitos.
En su disposición N°145, a la que accedió Perú21, el fiscal le atribuye a Fujimori, además de lavado de activos, los cargos de asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
Además, su hipótesis de investigación también varió. Antes señalaba el millón de dólares aportados por Odebrecht a la campaña de 2011 como único abono presuntamente ilícito. Ahora, además de ese argumento, suma los 3 millones 650 mil dólares que entregó Romero, presidente de Credicorp, y los 200 mil dólares de Rodríguez, presidente del Grupo Gloria, que tampoco fueron declarados por el partido naranja ante la ONPE.
INSISTE CON LAVADO
De acuerdo a la tesis de Pérez, los recursos cedidos por Romero y Rodríguez a la lideresa fujimorista habrían sido ocultados a través de operaciones hechas por MVV Bienes Raíces, la empresa de su esposo Mark Vito Villanella.
¿Por qué presume eso? Porque la compañía –que sería incorporada al caso– recibió ingresos “exorbitantes” de familiares y amigos cercanos por corretaje inmobiliario (venta de inmuebles).
Por ejemplo, Susana Higuchi, madre de Keiko, pagó US$71,285 por los servicios de MVV, mientras que el amigo de Villanella, Nikola Seremet Slavkovic, contrató por US$51,034.
“Es posible que se haya utilizado la empresa de Mark Vito Villanella para el ocultamiento de activos ilícitos recibidos durante el desarrollo de sus actividades como candidata presidencial que corresponden a las campañas de 2011 y 2016”, se lee en el documento.
Para atribuir fraude procesal y falsedad genérica (que se castigan con penas de entre dos y cuatro años de cárcel), el fiscal Pérez sostiene que Fujimori indujo al error a la ONPE por no declarar con la verdad los aportes que recibió, y por usar a personas para consignar abonos que nunca brindaron.
Con estos nuevos elementos, y la declaración de Jorge Yoshiyama –quien dijo que Fujimori sabía de los aportes ilícitos–, Pérez está a la espera de una nueva audiencia para sustentar prisión preventiva.
CHLIMPER ENTRA AL CASO
El fiscal José Domingo Pérez también amplió las imputaciones contra José Chlimper, luego de recoger las declaraciones de los empresarios Dionisio Romero y José Graña, y de constatar que el exsecretario general de Fuerza Popular transportó fuertes sumas de dinero que fueron entregadas a directivos de medios de comunicación para campañas publicitarias.
Romero, por ejemplo, indicó que, para la campaña de 2016, cuando aportó US$450 mil en efectivo, tuvo distintas reuniones con Keiko Fujimori y el propio Chlimper para proceder a la entrega de los recursos.
Así, en el escrito del fiscal también se consigna la entrega en efectivo de US$210 mil de Chlimper a Hugo Delgado, ejecutivo de RPP, y los US$266 mil cedidos al Grupo Corporación Radial SAC.
Pérez implica al exdirigente fujimorista como parte del aparato de captación, ocultamiento y transporte del dinero.
TENGA EN CUENTA
- La penalista Romy Chang consideró que el fiscal José Domingo Pérez “puede estar complicando más su investigación porque está haciendo el caso más gigante”.
- “Creo que Pérez está dilatando más la investigación, o quizás se dio cuenta de que, como no puede probar el origen ilícito de los aportes, no iba a conseguir una condena por lavado y por eso amplía los delitos”, dijo a Perú21.
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