Los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta presentarán en las próximas semanas un recurso ante el Tribunal Constitucional con el fin de que analice la legalidad del indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, anunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La decisión se toma luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera este viernes su resolución de “supervisión de cumplimiento de sentencia” del caso Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú en la que insta al Estado peruano a realizar un control "jurisdiccional constitucional" del indulto.
En una conferencia de prensa, la CNDDHH señaló que se evalúa presentar un hábeas corpus o una acción de amparo para que el TC se avoque a revisar el indulto. No obstante, también se refieren a otros extremos de la resolución en la que la Corte IDH señala que el Estado no ha cumplido plenamente las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta en materia de reparaciones, investigación y búsqueda de desaparecidos.
"Esperamos que tras el pronunciamiento de la Corte IDH, el Estado busque y nos devuelva a las cinco víctimas del caso La Cantuta que aún están desaparecidas", señaló Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas.
Por otro lado, remarcan que el tribunal supranacional indica que el Estado peruano debe analizar si hay otras medidas que sin implicar el “perdón de la pena” puedan salvaguardar la vida e integridad de Alberto Fujimori, si “realmente su situación de salud y condiciones de detención ponen en peligro su vida”.
"Este fallo es un paso importante porque nunca más un violador de derechos humanos podrá tener acceso a la libertad sin cumplir los requisitos que ha señalado la Corte IDH en su resolución", sostuvo la abogada Gloria Cano.
La letrada se refiere al punto 57 de la resolución. En ella, la corte indica que por tratarse de graves violaciones a los derecho humanos, el indulto debe tomar en cuenta, además de la salud del condenado, se tomen en cuanta otros factores como "el cumplimiento de una parte considerable de la pena, que se haya pagado la reparación civil impuesta, la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos y los efectos de su liberación anticipada a nivel social y sobre las víctimas".
También resaltan que el tribunal señala que se debe ponderar el derechos de las víctimas a acceder a la justicia y que “no se deben otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad”.
"Es importante señalar que la Corte IDH no ha renunciado a su facultad de pronunciarse. Le ha dado la oportunidad al Estado peruano de rectificarse", dijo David Velazco, abogado de Fedepaz.