La norma que debilita la lucha contra el crimen organizado —aprobada por el Congreso de la República en primera votación— no tiene una “motivación suficiente”, advierte el abogado penalista Andy Carrión.
¿Qué opina de ese 75% de peruanos que, según Ipsos, respalda que los allanamientos se realicen de manera sorpresiva?
Es importantísimo conocer este tema, más aún cuando detrás de él hay una encuesta que en rigor se opone mayoritariamente a las últimas modificatorias del Congreso. En un principio los congresistas señalaron que había algunos actos arbitrarios tanto de la Policía como de la Fiscalía al momento de realizar estas diligencias, creo que eso no es una motivación suficiente. Si la Policía y la Fiscalía hubieran sido impedidos de realizar la diligencia en el caso de la presidenta Dina Boluarte (…) no habría sido posible recabar las evidencias que se investigan en el marco del caso Rolex.
Parecería que hay una intencionalidad del Congreso en hacer estas modificaciones en medio de investigaciones no solo al poder de turno, también a parlamentarios.
Siempre hay un conflicto de intereses en atención a que un 80% de congresistas se encuentra incurso en algún tipo de investigación penal. (...) Yo creo que eso debilita y deslegitima claramente la institucionalidad del Congreso porque cada norma que emite, como la que estamos comentando, la población la percibe como un grado de complicidad en contra de la lucha contra el crimen organizado por parte de la Fiscalía.
¿Estas normas atentan contra la lucha contra la corrupción?
No solamente la lucha contra la corrupción, también la lucha contra los delitos de lesa humanidad, porque existe un dictamen que pretende que esos casos cometidos hasta antes el año 2002 ya no sean calificados como tales. El Congreso como institución le está haciendo un flaco favor a la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y sobre todo los delitos de lesa humanidad.
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