Estas son las cortitas de hoy sábado 23 de septiembre

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha solicitado al Poder Judicial que se le imponga el pago de una reparación civil de 10 millones de soles al congresista por Podemos Perú, José Luna Gálvez, su hijo José Luna Morales y otros doce sindicados como integrantes de una organización criminal, a raíz de las presuntas irregularidades en la inscripción de su partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones. A ver en qué termina esto. Mientras, hay que recordar que gracias a esa cuestionada inscripción tenemos a joyitas como Digna Calle en el Parlamento. Sin comentarios.

A propósito, trabajadores de la Clínica San Vicente, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, se apostaron ayer en los exteriores de ese centro de salud para reclamar el pago de sus sueldos y beneficios sociales. Lo que llamó la atención fue la foto colocada en sus pancartas, nada menos que la del legislador —también por Podemos Perú— Enrique Wong Pujada. ¡Páganos!, le reclamaron. ¿Habrá respuesta?

Y seguimos. La congresista de esa bancada, Heidy Juárez, no se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para dar sus descargos ante la denuncia en su contra por el presunto delito de concusión. La parlamentaria, ex Alianza para el Progreso y hoy Podemos Perú, alegó un “grave malestar” para correrse, perdón, para no asistir a la sesión, a la que sí concurrieron algunos de los servidores que la acusan de haberles recortado sus sueldos. ¡Qué conveniente!

El prófugo exmagistrado César Hinostroza, sindicado como el cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, se presentó ayer ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales primero, y la Comisión Permanente después, para dar sus descargos, desde la clandestinidad, respecto de la denuncia constitucional por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.

Muy suelto de huesos, el exjuez supremo se negó a dar su ubicación dizque por medidas de seguridad y hasta reclamó porque, dijo, por cada llamada telefónica “tengo decenas de investigaciones”. No solo eso. En el colmo de los colmos arguyó ser “víctima de una persecución” y sostuvo que lo sacaron de la magistratura quienes buscaban capturar el Poder Judicial. ¡Cuánta desfachatez! Al final, de nada le sirvió, la Comisión Permanente aprobó acusarlo constitucionalmente y ahora su caso pasará al Pleno. Ya era hora.