Ayer por la tarde el pleno del Congreso aprobó este jueves el proyecto de ley que busca beneficiar al ex presidente Alberto Fujimori, a fin de que no retorne a un penal. (Foto: Agencia Andina)
Ayer por la tarde el pleno del Congreso aprobó este jueves el proyecto de ley que busca beneficiar al ex presidente Alberto Fujimori, a fin de que no retorne a un penal. (Foto: Agencia Andina)

Redacción PERÚ21

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La autógrafa de la llamada ‘Ley Fujimori’, que promueve el arresto domiciliario para adultos mayores enfermos o que hayan cumplido el tercio de su condena, ya fue enviada al para que tome su decisión al respecto.

Fuentes de Perú21 señalaron que el presidente aún no tiene una postura sobre la norma. Esta información fue corroborada por el vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, quien en Twitter dijo que desde la Presidencia del Consejo de Ministros le indicaron que “no hay una decisión adoptada para observar o no la ley”.

No obstante, la vicepresidenta Mercedes Aráoz expresó que espera que el jefe de Estado observe la propuesta, pues comentó que no se ha seguido el debido proceso.

“La forma en que se ha hecho ha sido terrible y lamentable”, expresó y afirmó que su bancada quería apoyar una norma que atienda la situación de los adultos mayores, pero no de esa manera.

En tanto, el vocero alterno de PpK, Jorge Meléndez, manifestó en Perú21.TV que se debe mejorar el proyecto.

“Todo indica que sí (es una ley con nombre propio que beneficiaría al señor Alberto Fujimori)”, manifestó.

Es inconstitucional

Por su parte, el constitucionalista Víctor García Toma manifestó a este diario que lo aprobado no es constitucional “por la forma y el fondo”.

“Se ha infringido el procedimiento, según comenta la oposición parlamentaria, y no se han cumplido con las formalidades. Además, parece tener nombre propio”, afirmó.

Señaló que el artículo 103 de la Constitución establece que no se pueden hacer leyes para una persona, por lo que consideró que debe ser observada, y si el Congreso la aprueba por insistencia, se tendría que hacer una denuncia ante el Tribunal Constitucional (TC).