[ENTREVISTA] Romy Chang: “El caso Villarán tiene relevancia penal”

El domingo 25 de febrero, Panorama difundió imágenes de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán disfrutando del verano en una piscina de una fastuosa residencia ubicada en Lurín, cinco años después de que admitiera que conocía de los aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas políticas para evitar la revocatoria, en 2013, y para ser reelecta, en 2014. Ambas compañías se adjudicaron millonarios contratos para administrar los peajes manchados de corrupción que hoy padecen los peruanos.

La tesis fiscal sindica a Villarán como cabecilla de una organización criminal y pide en su contra 29 años de cárcel. Hasta el momento, pesa sobre ella una medida coercitiva de comparecencia con restricciones, luego que en mayo del 2020 se ordenara su libertad del penal Anexo Mujeres de Chorrillos “debido al riesgo” por el COVID-19 y, tal como se vio en las imágenes del programa periodístico, sigue disfrutando de su vida con normalidad. Sobre este caso conversamos con la abogada penalista Romy Chang.

¿Por qué no pasa a juicio el caso?

En el proceso hay diferentes etapas y ahora nos encontramos en la de revisión de la acusación que la Fiscalía presentó, donde pide 29 años de cárcel. El Poder Judicial (PJ) tiene que revisar que la acusación cumpla con los requisitos: que esté establecido qué hizo cada persona, las pruebas, los plazos, el derecho de defensa… Luego de eso, se aprueba la acusación y se fija fecha de inicio del juicio oral. El problema es que el PJ todavía no termina de revisar la acusación y por eso se genera una sensación de impunidad.

¿El problema es la carga procesal?

Así es, porque si aprueban la acusación ya tienen que fijar una fecha y el juicio implica sesiones muy seguidas, es una labor muy cargada hasta que se expida la sentencia. Tienen que tener la agenda suficiente para darle la continuidad al juicio.

¿Por qué no afronta el proceso en prisión?

Ella tiene una orden de inamovilidad, no debe salir de su casa. El PJ debe darle celeridad al caso. No diría que la solución es pedir prisión preventiva para todos. Lo que debe ocurrir es que el PJ decida con rapidez si procede o no la acusación. Cuando se inicia el juicio ya la Fiscalía tiene que evaluar si corresponde la prisión preventiva por la cercanía de una sentencia.

¿Es contundente la acusación de la Fiscalía?

Sí, lo más contundente es que la misma señora Villarán aceptó que conocía de los aportes de estas empresas que fueron beneficiadas con la concesión de los peajes. Eso es un indicio que evidencia un delito. Se entiende que un funcionario público no debe actuar por los aportes de una empresa sino porque es su función y el Estado le paga por eso. De ahí ya partimos de un problema en el caso Villarán que creo que sí tiene relevancia penal.

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