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Encuesta Ipsos: 63% cree que no se hacen obras para prevenir desastres debido a la corrupción

Fecha Actualización
La emergencia provocada por las lluvias y huaicos que han azotado Lima y diferentes regiones del país recientemente ha puesto sobre la mesa de discusión el estado en que se encuentran las obras de previsión de desastres naturales.
El último sondeo realizado por Ipsos para Perú21 revela que un 63% de la población considera que los gobiernos regionales o municipales no han ejecutado las obras necesarias para prevenir estos desastres debido a la corrupción, un 28% cree que esta situación responde a la falta de capacidad de las autoridades, mientras que solo un 7% cree que obedece a la falta de presupuesto.
El sondeo, además, revela que el 63% de encuestados considera que las lluvias y huaicos han afectado mucho el desarrollo de su vida diaria.
La encuesta fue realizada por Ipsos entre el 25 y 26 de marzo entre 1,210 personas mayores de 18 años de zonas urbanas y rurales, y tiene un margen de error para los resultados totales de +- 2.8%.

Prioridades y responsabilidades
Otra consulta que se formuló a los ciudadanos fue respecto a cuál, en su opinión, debería ser la prioridad del Estado luego de atender una emergencia por inundaciones o huaicos.
Para el 43% se debe priorizar darle ayuda económica a los damnificados; un 34%, por el contrario, estima que se debe poner en primer lugar la ejecución de obras de prevención y un 22% realizar las obras de reconstrucción.
Ante el anuncio de que el país enfrentará un Fenómeno de El Niño este año se preguntó también a los encuestados si creen que el país está preparado para responder a las eventuales lluvias.
Un 61% respondió que el país está “nada preparado”. El porcentaje es igual de elevado cuando se les consulta si sus barrios están listos para responder a los posibles inconvenientes que ocasionaría el fenómeno. Un 52% cree que sus jurisdicciones están “nada preparadas”, un 33% que están “poco preparadas” y un 12% que están “algo preparadas”.
El sondeo auscultó también respecto de quién sería el responsable de que se construyan viviendas en zona de riesgo. Un 46% le atribuyó la responsabilidad a los ciudadanos “que pretenden vivir en zonas de riesgo a pesar de las advertencias”; en segundo lugar señalaron a las municipalidades porque –dicen- “otorgan los permisos para vivir en esas zonas” y, en tercer lugar, mencionaron a los ministerios porque “no fiscalizan que se cumplan las normas de construcción”.
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