El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña manifestó hoy que desconoce las razones por las que el pleno del Tribunal Constitucional consideró no abrir la carpeta en la que este emitía su voto sobre el hábeas corpus presentado por el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para revertir la prisión preventiva que pesa sobre ambos.
El juez, quien se encuentra de vacaciones en España hasta el 24 de abril, se refirió así a la decisión del TC de postergar, para el 26 de este mes, el debate del recurso. Reafirmó que mantiene su postura iniciar respecto al caso.
"Salí de vacaciones, dejé mi despacho al día y todos los casos votados, se me alcanzó por correo un último texto (para la votación) el día 9 (de abril) que no cambia una línea de lo que yo había dejado, creo que debieron abrir el sobre, no sé por qué no lo hicieron", manifestó a RPP.
El miembro del ente constitucional cuestionó la falta de voluntad del presidente del tribunal, Ernesto Blume, para resolver el hábeas corpus. Este diario conoció que el voto está divido 3-3, por lo que la postura de Espinosa-Saldaña definirá la suerte de la ex pareja presidencial.
"Si hubiese la voluntad del presidente del TC de poner esto en conocimiento de mis colegas, cosas que ya sabe, podría estar votándose la causa mañana si se quisiera, no entiendo las razones por las que no se hizo", insistió.
Además, el magistrado aclaró, respecto a las versiones que lo asocian con Humala y Heredia, que él emite votos de acuerdo a pruebas y elementos que se presentan, y no en relación a las personas.
"A mí no me gusta hacer especulaciones, eso le hace daño al país, los jueces tenemos que obrar conforme a la Constitución y resolver los problemas lo antes posible, yo no miro quién es la persona por la cual resuelvo, resuelvo en función a los elementos que se me plantean, conforme a derecho, no resuelvo con el corazoncito o la simpatía", sostuvo.
Humala y la ex primera dama buscan afrontar en libertad la investigación que le sigue la Fiscalía por lavado de activos. Según su hipótesis, ambos recibieron US$3 millones presuntamente irregulares de la empresa Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2011.