En noviembre de 2017 – meses después de que saliera a la luz el millonario esquema de coimas de Odebrecht en Perú, así como sus turbios vínculos con distintas campañas electorales–, la legislación prohibió por primera vez a empresas con fines de lucro, sean nacionales o extranjeras, financiar a partidos políticos.
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Esta decisión, explica el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, le ha abierto la puerta al financiamiento ilegal proveniente de la minería ilegal, el tráfico de terrenos y el narcotráfico. “Si ellos son los financistas, estamos en problemas muy serios”, indicó Bustamente.
No obstante, las prohibiciones de la actual legislación cesarían con el nuevo proyecto de ley de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La propuesta ha sido entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que, posteriormente, sea debatida en la Comisión de Constitución del Congreso.
Según la ONPE, transparentar el financiamiento privado garantizaría que el dinero usado por las organizaciones políticas, ya sea en una contienda electoral o en actividades ordinarias, no provenga de fuentes ilícitas.
“Creemos que debe haber un cambio en la lógica del financiamiento privado,” mencionó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.
Y es que, las economías ilegales han crecido exponencialmente en los últimos años y su injerencia se siente en la política peruana cuando se ve, por ejemplo, que el Congreso apueba normas sobre minería ilegal, transporte público ilegal y otras que favorecen a las organizaciones criminales.
Solo en 2023, Perú exportó 77 toneladas de oro ilegal, equivalente a US$4,833 millones, según cálculos del Instituto Peruano de Economía.
“Creo que la (actual) ley atenta contra la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos”, señaló el presidente de la Confiep.
Perú21 entrevistó a cinco abogados –tres de ellos especialistas en derecho electoral–, sobre lo que significaría la nueva normativa en las próximas elecciones generales de 2026. Pese a los diferentes matices que abordaron sobre el financiamiento empresarial, todos mostraron su respaldo al proyecto de ley. (Ver página 3)
¿Qué propone la norma?
Si las elecciones presidenciales fueran mañana, los partidos solo podrían recaudar fondos de actividades proselitistas, personas naturales o personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro.
En el caso de estas dos últimas fuentes, sus contribuciones solo están permitidas para la formación de los afiliados de un grupo político. (Ver recuadro: Fuentes de financiamiento prohibidas).
No obstante, con la propuesta de la ONPE, que modifica los artículos 30° y 31° de la Ley 28094, las empresas peruanas, con y sin fines lucrativos, también podrían realizar aportes en periodos de contienda electoral.
La iniciativa legislativa también plantea prohibir las contribuciones provenientes de empresas nacionales, con fines de lucro, que tengan contratos con el Estado.
El proyecto de ley sugiere mantener el mismo tope de 120 UIT -que actualmente hay para las personas naturales y jurídicas sin fines de lucro extranjeras- para el financiamiento privado, es decir, el aporte de las empresas no podría superar los S/618,000.
Esto supone un cambio neurálgico en la norma, ya que hasta la fecha están prohibidos los ingresos procedentes de personas jurídicas con fines de lucro.
Más transparencia
El especialista en derecho electoral José Naupari dijo a Perú21 que no habría ningún problema en que un partido reciba aportes de una empresa si lo que busca la ONPE es “optimizar la transparencia”.
“No debería haber ningún inconveniente en que un partido reciba aportes de una persona jurídica con fines de lucro, en tanto y en cuanto eso se transparente”, refirió Naupari.
No obstante, advirtió que el dinero recaudado debe ser reportado en tiempo real para que la ONPE emita informes antes y después de una campaña. De ese modo, aseguró el letrado, la población sabría antes de votar quiénes apoyan a los grupos políticos.
Asimismo, recomendó que los partidos rindan cuentas en tiempo real, subiendo a la plataforma de la ONPE las boletas o facturas electrónicas correspondientes. Indicó que se podría exonerar este requisito en las zonas del país donde no hay Internet.
Otra observación a la propuesta de ley es la desigualdad que se podría generar entre quienes pueden aportar grandes cantidades de dinero y quienes no.
Los especialistas en derecho electoral, José Manuel Villalobos y Jorge Jáuregui, coincidieron en que se podría establecer límites en el gasto y presupuesto de las agrupaciones políticas.
Villalobos sugirió, por ejemplo, que solo un 40% o 50% del presupuesto de las organizaciones esté financiado por el sector privado; mientras que Jáuregui recomendó poner límites al gasto de un partido.
Y es que, en países de Sudamérica como Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay se han establecido límites al financiamiento de personas jurídicas nacionales. En el caso de Colombia, el tope es el 10% total de la campaña, y en Ecuador, hasta el 10% del presupuesto del partido.
En naciones como Paraguay, México y Estados Unidos no hay límites en los aportes del sector privado. Un ejemplo de ello es la campaña de la demócrata Kamala Harris, que solo en un mes ha recaudado 540 millones de dólares.
“Ya los financiamientos claramente vienen de la minería ilegal y de otras actividades que no tienen nada de transparentes. Así que, finalmente, permitir a las empresas que aporten a las campañas sincerará la situación”, dijo María Isabel León, expresidenta de la Confiep.
El proyecto de ley de la ONPE tiene que ser revisado urgentemente en el Congreso para tener en 2026 unas elecciones limpias, transparentes y libres de injerencia de las economías ilegales.
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