Advertencia. Luego de que la aprobara hace una semana pedir facultades para investigar a la , el Consejo Nacional de Educación (CNE) alertó lo que esto significaría si se aprueba la solicitud en el Pleno.

“El CNE expresa su preocupación por acciones que pueden ser entendidas como nuevos intentos de protección de intereses particulares y de entorpecimiento del proceso de recuperación de la calidad universitaria”, manifestó en un comunicado.

Y es que hay congresistas que han sido cuestionados por su vinculación con universidades privadas y que pertenecen a la Comisión de Educación.

Por ejemplo, recientemente se conoció que un grupo de legisladores que pertenecen a dicha comisión recibieron una distinción de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, institución que, según la página de la Sunedu, se encuentra en el proceso de plan de adecuación requerido para obtener su licenciamiento.

Estos legisladores son los fujimoristas Juan Carlos Gonzales y Milagros Salazar, así como el oficialista Alberto Oliva.

En tanto, otro legislador al que se le ha vinculado con una universidad y que también pertenece a la Comisión de Educación es Lucio Ávila (Unidos por la República), pues fue rector de la Universidad Nacional del Altiplano.

El CNE hizo un llamado al Parlamento a que contribuya con la Sunedu para que “culmine de modo exitoso con los procesos de licenciamiento institucional resguardando su autonomía y capacidad de operación”.

NO HACEN CASO

Pese al pedido del CNE, y de autoridades que en la semana pidieron que no sigan adelante con la pretensión, en el Congreso se hacen de la vista gorda e insisten con la moción.

Ayer, la presidenta de la Comisión de Educación, Tamar Arimborgo (FP), aseguró que “no existen intocables o libres del control político” en el Estado, y aseguró que no se está amenazando a la superintendencia con la investigación y que el pedido al Pleno se mantendrá.

Ante las preguntas de la prensa sobre el tema, la parlamentaria desvió la atención y dijo que lo que debería preocupar ahora es que desde hace 55 días los escolares en Islay (Arequipa) no tienen clases.

La fujimorista descartó que exista algún tipo de interés personal para investigar, y afirmó que “fiscalizar es parte de nuestra función”.

Pero dentro de su bancada no todos comparten la misma opinión. Lourdes Alcorta, por ejemplo, señaló que espera que retrocedan en el pedido de las facultades ante el Pleno.

“Es lamentable que se haya tocado a la Sunedu. Costó mucho trabajo lograrla y con gran reconocimiento y mérito al excongresista Daniel Mora. Cualquier cosa se puede corregir y/o mejorar en el camino”, indicó en su Twitter.

En tanto, Edwin Vergara, quien votó en abstención para iniciar el proceso, insistió en que lo primero que se debe hacer, antes de pedir facultades al Pleno, es citar al superintendente Carlos Benavides.

“Yo estoy a favor de que Sunedu siga haciendo su trabajo y creo que el siguiente paso que debería hacer es licenciar institutos”, expresó.

Asimismo, afirmó: “No tengo idea de qué vamos a investigar (...) por eso sugería que primero invitemos al superintendente Benavides”.

No obstante, Héctor Becerril (FP) y Javier Velásquez Quesquén (APRA) insistieron en seguir adelante con lo aprobado por la comisión.

El aprista precisó que no es verdad que sea inoportuno investigar a la superintendencia en medio del debate de la reforma y del diálogo, y aseguró que se ratifica en su voto.

“Se nos ha pretendido intimidar haciéndonos ver que tenemos un conflicto de intereses (...) Yo me ratifico en mi voto (para pedir facultades investigadoras)”, expresó.

Para Héctor Becerril, la crítica que se hace al pedido para investigar a la Sunedu es un intento de “amedrentar” a los legisladores que están a favor de que se fiscalice. No quieren que se fiscalice, seguramente tienen mucho que esconder. No quieren que este Congreso investigue esperando que con el adelanto de elecciones haya un Congreso pusilánime”, expresó.

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