Condenado por largos años ya, a un indetenible deterioro, el cargo más alto del país corre el peligro de caer en manos de otros personajes que nuestra irrespetada democracia ya no resistiría. La figura presidencial no merece seguir hundiéndose. Una propuesta legislativa que se encaminaba a cerrarle la puerta a quienes buscan sentarse en el sillón de Pizarro sin importarles la pesada mochila que cargan por culpa de sus graves delitos, se llena de polvo hace cinco meses en la Comisión de Constitución.
Su presidenta, Martha Moyano, ha preferido hacerse la desentendida y no agendar esta iniciativa para que regrese al Pleno, en donde podría convertirse en ley. Ha hecho oídos sordos al reiterado pedido de varios de los miembros de su grupo de trabajo.
De manera extraña, Moyano entrampa, le pone nudo a un proyecto importante para el país. Parece querer que todo siga igual. Los peruanos, en cambio, la tienen clara: no quieren que los gobierne un corrupto o un asesino. Un 97% considera que las personas que cumplieron sentencia por asesinato, corrupción o terrorismo, y ya salieron de la cárcel, no tienen derecho a postular a la Presidencia de la República, según revela la última encuesta de Ipsos realizada para Perú21. Una contundente respuesta ciudadana a la que la titular de Constitución debería prestar atención. Los peruanos no quieren mandatarios corrompidos ni con las manos manchadas de sangre.
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En Lima y en el centro del país el rechazo a quienes siendo sentenciados por asesinato pretenden postular a la Presidencia se eleva a 98%. No quieren como mandatario a personajes de esta naturaleza.
Según los entrevistados, tampoco tienen derecho a aspirar al sillón presidencial los sentenciados por secuestro (93%), o rebelión contra el Estado (83%).
BANCADA LA SEÑALA
Mientras Moyano mantiene un largo e inentendible silencio sin dar explicaciones del porqué esta propuesta sigue descansando en su comisión, más dedos siguen señalándola como la única responsable, incluidos los de su propia compañera de bancada y de comisión, Patricia Juárez, quien admitió que de seguir retrasándose la puesta en agenda en Constitución, el proyecto corre el riesgo de convertirse en ley fuera del plazo prudente para ser aplicada en las próximas elecciones, pues se requiere de dos votaciones en dos legislaturas consecutivas.
“Lo que debe hacerse es evaluar y quien evalúa es la presidenta de la comisión; depende de ella, ella es la que determina la pertinencia”, explicó Juárez, sin nombrar a Moyano.
Este diario le preguntó si había algún interés partidario en la decisión de Moyano por detener la marcha de esta propuesta ante la intención del exmandatario Alberto Fujimori de aspirar a la Presidencia o a alguna curul en el próximo Senado.
“El presidente Fujimori está atravesando un problema de salud... creo que debemos mantenerlo fuera de toda especulación política”, respondió Juárez.
Otra integrante de esta comisión, Margot Palacios, de Perú Libre, adelanta que está a favor de que se apruebe este proyecto, pues se trata de personas que cometieron delitos muy graves.
La congresista espera que la iniciativa no demore más en el grupo que preside Moyano, aunque reconoció que aún no se conoce la evaluación técnica y legal que iba a seguir la propuesta en ese grupo de trabajo tras retornar del Pleno.
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CONGRESISTAS POR LIMA
Ipsos también consultó a la ciudadanía de Lima si cree que se debería incrementar el número de representantes de esta jurisdicción en el Congreso, teniendo en cuenta que el 31% del total de la población electoral del país vive en esta ciudad y solo tiene el 25% de representación en el Legislativo.
El 58% de entrevistados consideró que debe incrementarse el número de congresistas por Lima por una cuestión de proporcionalidad. Para un 33% de encuestados debe mantenerse el mismo número de representantes.
Un 73%, además, se mostró a favor de dividir Lima en cinco zonas electorales –norte, centro, sur, este y oeste— y elegirse representantes de cada uno de estos sectores para el Congreso. Un 24% prefiere que se siga eligiendo en conjunto para toda Lima.
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