La Procuraduría General del Estado (PGE) ha entrado en una nueva etapa turbulenta que recuerda al oscuro gobierno de Pedro Castillo, cuando puso a la cabeza a María Caruajulca.
Esta vez, la gestión de Dina Boluarte ha aprovechado la suspensión de Daniel Soria —por supuestamente incumplir los requisitos para ostentar el puesto— para ubicar en su lugar a Javier Pacheco, y desde su designación solo se ha sabido del desmantelamiento de la entidad.
El nombramiento de Pacheco, concretado el 16 de diciembre pasado, no solo ha provocado la renuncia de funcionarios importantes, sino que también ha implicado la desactivación de áreas que eran sustanciales en casos emblemáticos.
El pasado 22 de diciembre, Pacheco anuló la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado. Esta instancia, liderada por Omar Rojas, se encargaba de formular las denuncias contra altos funcionarios y de participar en audiencias penales. Tenía 90 investigaciones.
De hecho, esta unidad fue la que elaboró el sustento para que el procurador Soria insista en participar en los interrogatorios a Boluarte y el premier Alberto Otárola por las muertes en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.
Tanto la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como el gobierno se oponían a la presencia de la PGE.
Con su eliminación, ahora Pacheco —que es procurador general interino— ha tomado control directo de estas acciones.
Esa decisión ha preocupado al equipo especial Lava Jato. El fiscal José Domingo Pérez envió un oficio al fiscal Freddy Niño, del Equipo Especial contra la corrupción del poder, para que le informe sobre el despliegue “obstruccionista” de Pacheco.
Pérez expresó su preocupación a Niño por esos cambios que pueden afectar los casos de corrupción en los que están involucrados exministros y expresidentes, y que se encuentran en fase de juicio oral.
Los casos son los de Keiko Fujimori, Metro de Lima, Interoceánica Sur y la campaña del No contra la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán.
“Lo solicitado es en atención a la información de carácter público que da cuenta de los posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que viene cometiendo Javier Pacheco”, señaló el fiscal Pérez.
Según las fuentes consultadas, Javier Pacheco tiene la intención de desarticular la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, que hoy tutela Silvana Carrión.
Desde que era procurador anticorrupción adjunto, entre 2017 y 2020, Pacheco defendía la postura de que el pago de coimas de Odebrecht a políticos debía ser visto por su despacho y no por su par Carrión.
Por su parte, Pacheco ha justificado estos cambios aduciendo que existe “duplicidad en funciones” ocasionada por las contrataciones dispuestas por su antecesor Soria.
Incluso ha requerido la intervención de la Contraloría, donde el procurador es Amado Enco, su exjefe en la Procuraduría Anticorrupción.
-Javier Pacheco también desactivó la Unidad Funcional de Articulación Territorial, área que articulaba y coordinaba con las procuradurías públicas a nivel regional y municipal.
-Pacheco es investigado por la Fiscalía por una aparente contratación irregular.
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