La procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, designó a la abogada Yudith Villegas Espinoza como procuradora ad hoc para ejercer la representación del Estado peruano, en sede nacional y extranjera, en los ocho procesos de extradición activa que se tramitan ante las autoridades y sedes jurisdiccionales de Chile en contra de Alberto Fujimori.
Villegas, procuradora pública adjunta encargada de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, tendrá a su cargo los ocho casos por los que el Perú pidió a Chile la ampliación de la extradición entre los años 2021 y 2022.
Ella asume la tarea en reemplazo de Javier Pacheco, quien renunció a esta tarea cuando fue nombrado por el gobierno de Dina Boluarte como titular de la Procuraduría General del Estado en mayo último.
Los casos por los que se impide ampliar la extradición de Fujimori son los referidos a la masacre en el penal Castro Castro por homicidio calificado y lesiones graves; las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón durante el operativo Chavín de Huántar por homicidio calificado y la compra de la línea editorial de Panamericana Televisión por asociación ilícita para delinquir y peculado doloso.
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Asimismo, el secuestro de militares que intentaron levantarse contra el autogolpe de 5 de abril de 1992; la difusión de grabaciones no autorizadas de sesiones del Consejo de Defensa Nacional durante la guerra con Ecuador; la masacre de la familia Ventocilla por la que se le imputa al exmandatario los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado; el caso de esterilizaciones forzadas y el suministro ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En este último caso se le sindica a Fujimori como presunto autor de los delitos de asociación ilícita para delinquir, violación de la soberanía de un estado extranjero, falsedad genérica y conspiración.
De otro lado, se supo que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el cierre de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria que tenía a su cargo varios casos sobre violaciones a los derechos humanos, entre ellos el referido al caso Pativilca en el que se encuentra incluido Alberto Fujimori.
De acuerdo a una resolución publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano, la distribución de los casos de dicha sala se llevará a cabo a partir del 1 de agosto, por lo que desde algunas instituciones defensoras de los derechos humanos han señalado que la medida podría ocasionar el quiebre del juicio del caso Pativilca.
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