La complejidad del caso que implica a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en presunto tráfico de influencias ha motivado a la Fiscalía a tomar medidas para encaminar las investigaciones.
Hoy, las fiscales Rocío Sánchez y Norah Córdova tendrán una reunión para definir cómo continuarán las diligencias, según pudo conocer Perú21.
Sánchez es quien, para investigar a la mafia de narcotraficantes del Callao, pidió al juez Cerapio Roque que autorice las interceptaciones telefónicas en las que, finalmente, se han visto comprometidas autoridades judiciales y los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza.
Es quien conoce el caso desde sus inicios y quien planea aplicar la Ley de Crimen Organizado para disponer de los 36 meses que le brinda esta norma.
Córdova, por su parte, fue designada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para investigar a los funcionarios no aforados (que no gozan de inmunidad) que aparecen en las grabaciones y que habrían cometido delitos contra la administración pública, como los asesores del ex titular de la Corte del Callao, Walter Ríos.
Ella está enfocando su labor en conocer las presuntas irregularidades en la designación de jueces y fiscales a cargo del CNM.
No obstante, las pesquisas de ambas han empezado a cruzarse. Según fuentes fiscales, el titular del Ministerio Público les ha insistido que no deben realizar un doble trabajo. Hay que recordar, además, que la fiscal Rocío Sánchez integra un grupo especial junto con los fiscales Frank Almanza y Fany Quispe que coordina las diligencias.
Ayer, Almanza dijo que en los próximos días se formalizaría investigación preparatoria para pedir la prisión preventiva de algunos investigados.