Diego Bazán rechaza denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación

El congresista Diego Bazán (Avanza País) se pronunció sobre la denuncia constitucional que presentó este lunes la bancada de Perú Libre contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por presuntamente haber infringido la Constitución Política.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

23/08/2022 - 13:00

El congresista Diego Bazán (Avanza País) se pronunció sobre la denuncia constitucional que presentó este lunes la bancada de Perú Libre en contra de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por presuntamente haber infringido la Constitución.

El parlamentario aseguró que se ha iniciado una “persecución política” en contra de la magistrada y consideró que realiza una buena labor al investigar al presidente de la República, Pedro Castillo.

“Creo que se inició la persecución política contra la fiscal de la Nación que, para mí, está haciendo un papel importante porque ha demostrado, desde que inició su función, celeridad en investigar y valentía en investigar los casos que involucran al presidente Pedro Castillo”, declaró en diálogo con Canal N.

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Seguidamente, Bazán sostuvo que se ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de Patricia Benavides mediante las redes sociales y que Perú Libre se ha unido a dicha corriente.

“Hoy la gente de Perú Libre ya se sacó la careta e intenta hacer lo propio, pero no se puede defender lo indefendible. El Ministerio Público está avanzando, tiene además la venia de una jueza que representa al Poder Judicial”, expresó.

“Tiene que hacer hasta el final la fiscal de la Nación su trabajo y entregarnos el informe final para, en su momento, iniciar una denuncia constitucional si antes no se da la vacancia”, agregó.

Este lunes, la bancada de Perú Libre presentó una denuncia constitucional en contra de la fiscal de la Nación por presuntamente cometer los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia en agravio del Estado.

Por ello, solicita que se le imponga a la magistrada una inhabilitación de la función pública por 8 años y se le destituya de su cargo actual.

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