La congresista Ruth Luque de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, formuló denuncia penal contra los ministros de Educación, Morgan Quero y de la Mujer, Ángela Hernández, por la presunta comisión del delito de discriminación en agravio de los niños de las comunidades nativas awajún y wambis, ubicadas en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.
Como se recuerda, ambos titulares de portafolio, ante la denuncia de violaciones sexuales por parte de docentes contra más de 500 menores de edad que la comunidad awajún en los últimos años, señalaron que estos hechos son “prácticas culturales” en esas zonas.
De acuerdo con la denuncia presentada por la legisladora ante la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, ambos ministros habrían incurrido en los delitos de discriminación e incitación a la discriminación hacia los integrantes de la comunidad awajún.
Indica que sus expresiones confirman “concepción discriminatoria y excluyente de un grupo humano determinado, en este caso los pueblos indígenas awajún y wambis”, haciendo hincapié, además, que ambos funcionarios han evidenciado que “la tutela de derecho a la educación, al desarrollo integral de la persona y el respeto en todas sus dimensiones no merece la misma intensidad para todos los peruanos”.
Según se ha informado, los titulares de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Ángela Hernández respectivamente, viajarían a la zona para tomar conocimiento de los casos de violación contra niñas awajún y, asimismo, ofrecer disculpas por sus expresiones. En la víspera, sin embargo, el primer ministro Gustavo Adrianzén no dio una fecha concreta para este viaje y más bien dijo que enviaría a un equipo técnico de avanzada integrado por los viceministros de ambos portafolios.
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QUE RENUNCIEN
Entre tanto, parlamentarios de distintos bloque reclamaron la renuncia de Quero y Hernández. El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, sostuvo que los comentarios de ambos ministros constituyen una suerte de “justificación de actos criminales”, lo que, dijo, demuestra que hay una abandono del Estado a esas comunidades. Además, indicó, son una justificación inaceptable de actos criminales.
Norma Yarrow, de Renovación Popular, por su parte, demandó a la presidenta Dina Boluarte la remoción de Quero quien, cabe señalar, actúa como una suerte de escudero de la mandataria respecto de las denuncias en su contra.
“No se puede tolerar la violación de derechos y mucho menos justificar actos abusivos, especialmente cuando son cometidos por alguien en una posición de autoridad, como un profesor”, manifestó la legisladora.
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