Denunciados por violento paro en Ica se reúnen con legisladoras de Juntos Por el Perú

Sigrid Bazán | Isabel Cortez | Verónika Mendoza | Perú Libre | Paro agrario | Agrícolas | Juntos por el Perú | Los fundos agrícolas fueron dañados y destrozados severamente por manifestantes violentos. Dirigenta de trabajadores agrarios dijo que puede haber nuevas movilizaciones porque con la nueva ley sienten que reciben menos dinero. Busca respaldo de las congresistas más radicales y aliadas de Perú Libre. Tensa calma al sur de Lima.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

06/10/2021 - 11:16

Casi un año ha pasado desde el violento paro agrario que se inició en Ica el 30 de noviembre de 2020 y se prolongó hasta después de Navidad. El bloqueo de la Panamericana Sur a manos de los jornaleros generó US$40 millones de pérdidas en el sector agrario, según la Asociación de Exportadores (Adex), y provocó la derogación de la antigua Ley Agraria que, aunque perfectible, permitía la estabilidad laboral y el impulso del sector.

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Los manifestantes exigían mejoras en sus remuneraciones, pero destrozaron y quemaron todo lo que encontraron a su paso. Hasta volcaron una ambulancia que trasladaba un paciente a Lima. Ni los policías que fueron a poner orden se salvaron de las piedras lanzadas por los vándalos. Por el momento se desconoce de alguna sanción para los responsables.

Esos hechos fueron el inicio de una cadena de actos delincuenciales. En la zona conocida como Barrio Chino, en la entrada a la ciudad de Ica, las instalaciones de los fundos agrícolas fueron severamente dañadas. Una de las chacras que sufrió el vandalismo fue la de la empresa Uvica.

El dueño de esa compañía, Darío Núñez, señala que los dirigentes agrarios que impulsaron las manifestaciones no hablaron con los propietarios de las empresas para concertar una mejora salarial. El ataque fue intempestivo.

“A raíz de las huelgas se han hecho espacios de diálogo con los trabajadores, en el caso de los nuestros ninguno estaba de acuerdo con la protesta, fue un pequeño grupo de revoltosos los que desataron todo esto”, indica.

Núñez no quiere arriesgarse a un nuevo ataque y ha empezado a levantar un muro de concreto para proteger su hacienda. “¡Esto parece una cárcel!”, exclama. “Pero qué puedo hacer, yo creo que escenas como las de noviembre y diciembre se pueden repetir”, dice.

Instalar el cerco, detalla, le ha demandado un gasto adicional de cerca de un millón de soles. Pero no es el único que ha tomado esta medida.

La compañía Safco también fue objeto de ataques. Su representante legal Benjamín Cillóniz recorre los campos de cultivo mientras recuerda los actos vandálicos que presenció. Los arbustos que eran usados como cercos fueron reemplazados por muros de concreto.

“Fue un paro bastante violento, muy ordenado y coordinado, y muy prolongado también, hubo inacción del Estado bastante grande”, enfatiza.

Núñez y Cillóniz coinciden en que la protesta tuvo motivaciones “políticas”. El contexto en el que sucedió fue a inicios de las elecciones generales que terminaron en 2021 con el ascenso de Pedro Castillo al poder.

Varias preguntas quedan por contestar: ¿quiénes organizaron las revueltas? ¿Por qué en un contexto electoral? ¿Cuál fue el objetivo de esa agresiva movilización que dejó desabastecidas de alimentos a las ciudades del sur? ¿A quién benefició la protesta?

El 31 de diciembre del 2020, el gobierno de Francisco Sagasti promulgó la nueva ley agraria (Ley N° 31110) aprobada por el Congreso, pese a que el ministro de Economía de ese entonces, Waldo Mendoza, dijo que era una norma “imperfecta”.

Visitas al Congreso

La Asociación Cívica por el Perú, creada por el exgobernador de Ica Fernando Cillóniz, denunció ante la Fiscalía, en junio pasado, a 50 personas que participaron en la protesta por los delitos de extorsión, daño agravado, disturbios y violencia contra la autoridad. Los agroexportadores de Ica se sumaron a esa iniciativa legal.

Lo curioso fue constatar que al menos tres de los manifestantes denunciados se han reunido este año con las congresistas Isabel Cortez y Sigrid Bazán, ambas de la bancada Juntos por el Perú (JP), aliada de Perú Libre. Se trata de Susan Quintanilla Huarancca, Pedro Carhuayo Morales y Karina Melgar Tueros, los tres son dirigentes agrarios.

Los encuentros se pueden corroborar con las fotos publicadas en Facebook por el Sindicato de Trabajadores de la Agroexportación de Ica. Las citas sucedieron el 11 de agosto último, pero en el registro de visitas al Congreso solo figura la reunión con Cortez.

Perú21 se comunicó con Susan Quintanilla, quien reconoció que participó de las violentas protestas en Ica. “Yo me sumé (al paro agrario) en el segundo día porque atropellaban mis derechos”, declaró en alusión a las empresas agrícolas.

No obstante, cuando se le consultó quién convocó a la revuelta evadió la respuesta. “Las personas que estuvieron ahí (para los actos vandálicos) fueron infiltradas, justamente para descalificar nuestra libre protesta, y se pudo ver que esas personas no pertenecían a los trabajadores agrarios”, refirió sin mostrar pruebas.

En otro momento, Quintanilla admitió que la nueva ley agraria no ha satisfecho sus demandas y explicó que ese fue uno de los motivos por los que sostuvo reuniones con las legisladoras Bazán y Cortez: pedir modificatorias a la Ley N° 31110.

“Con la antigua ley agraria el jornal era 31 soles, y con tu CTS y gratificación llegabas a 39.17 soles; con la nueva ley el jornal sigue siendo 31 soles, la diferencia es que tenemos un bono no remunerativo que nos dan adicional por el día laborado, contando el bono llegamos a 314 soles semanal, es lo mismo de antes”, alegó en diálogo con este diario.

La dirigente agraria dijo que viene sosteniendo reuniones con empresarios y deslizó que pueden haber nuevas protestas si no se llegan a acuerdos al pie de sus exigencias.

“Si los empresarios no escuchan el clamor del trabajador, que es parte de su empresa, y de repente los trabajadores se organizan y vuelven a hacer lo mismo (un nuevo paro agrario), no es responsabilidad nuestra”, expresó en tono amenazante.

Este diario buscó los descargos de las legisladoras Isabel Cortez y Sigrid Bazán, a través de sus respectivos despachos de prensa, para conocer las conclusiones de las conversaciones que sostuvieron. Sin embargo, no hubo respuesta.

La agricultura es la principal fuente de trabajo en Ica, una de las regiones agroexportadoras del Perú. Un nuevo paro agrario como el de 2020, además de caos generaría miseria en una tierra que tiene todas las condiciones para progresar y generar más empleo para los peruanos.

“Estaba mejor la Ley Agraria anterior”

La nueva Ley Agraria fue la respuesta apresurada del Congreso anterior en un intento por calmar las enardecidas y calculadas protestas que se registraron en Ica el año pasado. Pero la norma no ha aliviado las demandas y son los mismos agricultores los que han expresado su insatisfacción.

“No se nota ningún efecto de la nueva Ley Agraria, algunas cosas cambiaron en cuanto a remuneración pero en el resto sigue lo mismo (...) la ley antigua era mejor, te pagaban asignación, el fin de semana que trabajabas te depositaban tus 90 soles, pero hoy en día solo por el día asistido te pagan 3 soles, nos hemos perjudicado con la nueva ley”, declaró el trabajador Richard Choque a Perú21TV.

Choque recuerda que debido al paro agrario no pudo generar ingresos por más de una semana. Los vándalos que bloquearon la Panamericana Sur le impidieron entrar a los campos de cultivo y lo amenazaron si intentaba hacerlo.

“Nos bloquearon la pista y ya no pudimos venir a trabajar por más de una semana, tuve que quedarme en mi casa; no participé de las protestas, bloquearon las pistas, nadie pudo asistir a su centro de labores”, detalló .

Karina Cañari es supervisora de campo en la chacra de Uvica, pero trabaja bajo el régimen laboral de la nueva Ley Agraria. Su postura es similar a la de Richard Choque.

“Han habido algunos cambios, pero para mí mejor es la ley antigua porque ahora nos pagan en la CTS, la asignación de forma semanal, antes era mensual; solo a algunos les conviene la nueva norma, quizás a los que trabajan al destajo pero para los jornaleros, todo es normal”, manifestó.

Sobre los hechos de violencia, Cañari contó que los manifestantes ingresaron a las instalaciones de Uvica para “quemar comedores”.

“Se enteraron que veníamos a trabajar y por eso querían sacarnos, que apoyemos a la huelga, quemaron el cerco; el paro agrario nos perjudicó porque no pudimos trabajar”, sostuvo la trabajadora.

TENGA EN CUENTA

De acuerdo al registro de visitas del Congreso, los manifestantes denunciados también acudieron al despacho de la congresista Flor Pablo. No obstante, la legisladora indicó a este diario que no los recibió porque no se encontraba en su oficina.Las asignaciones de los agricultores han disminuido hasta tres veces desde que se dio la nueva ley agraria.

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