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La Procuraduría Anticorrupción ha interpuesto 264 denuncias ante la Fiscalía desde marzo pasado, durante el estado de emergencia decretado por el gobierno a causa de la propagación del coronavirus.
Así lo señala el boletín informativo de la Procuraduría ‘Corrupción en la emergencia sanitaria COVID-19’. Los delitos en los que habrían incurrido los funcionarios públicos denunciados son peculado, colusión y negociación incompatible.
Hasta el 4 de junio, de acuerdo al informe, existen más de 700 investigaciones fiscales, de las cuales el 51% se encuentran en siete regiones: Áncash, Lima, Arequipa, La Libertad, Junín, Ayacucho y Cajamarca.
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Las irregularidades se habrían cometido en las adquisiciones de implementos de bioseguridad, equipos médicos, productos de limpieza y aseo personal.
Entre las instituciones agraviadas por los supuestos actos ilícitos se registran las municipalidades distritales y provinciales, los gobiernos regionales; asimismo, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y EsSalud.
