A cuatro días para que termine el confinamiento obligatorio debido al coronavirus, la cantidad de muertes registradas sigue en aumento. Entre enero y el 24 de junio se han reportado un total de 85,124 decesos a nivel nacional, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). De dicha cifra, hubo 2,362 víctimas de actos violentos, es decir, fallecieron por un accidente, homicidio o suicidio. El resto, 82,762 muertos, fueron consecuencia de alguna enfermedad, como el COVID-19.
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Las cifras actuales revelan un notable incremento de defunciones respecto al mismo periodo de 2019. El Perú, este año, cuenta 31,335 víctimas mortales más; o sea, hay un exceso de 61%.
Y si se miran las muertes no violentas durante los primeros 24 días de junio, podemos afirmar que fallecieron un promedio de 874 personas cada 24 horas. Es como si siete aviones comerciales se hubieran caído cada día. En cambio, en junio de 2019, el promedio de muertes diarias fue de 241.Una verdadera tragedia. Pero, ¿quiénes son los más vulnerables ante las circunstancias que vivimos?
De acuerdo a los datos del Sinadef, la población más afectada ha sido aquella que no ha tenido acceso a educación o no terminó sus estudios escolares.
El 15.5% de personas que fallecieron eran analfabetos, el otro 15% tuvo estudios de primaria incompletos. Un 21.2% de muertos accedió solamente al nivel primario y el 6% empezó sus estudios de secundaria, pero no los concluyó. La población que solo llevó clases preescolares fue el 0.4%.
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En suma, 33,224 de los fallecidos no terminaron el colegio, lo que representa el 58.1% de los decesos cuyo grado de instrucción pudo ser identificado.
En cambio, el porcentaje de víctimas que pudo, por lo menos, empezar estudios de educación superior universitaria o no universitaria es apenas el 15.1% del total, es decir, 8,644 personas.
Es importante mencionar que del universo de personas fallecidas, hubo 25,564 de los que no se ha identificado el grado de instrucción.
El catedrático de la Facultad de Ciencias Educación de la Universidad de Piura (UDEP) Moisés Pariahuache explicó que el precario acceso a la educación de la población menos instruida influye, específicamente, en la capacidad para comprender todas las medidas que han ido dictando los órganos competentes que lideran la lucha contra esta pandemia.
“Puede haber una dificultad para comprender el mensaje tanto de los efectos que genera este virus como de la prevención y el compromiso social”, apuntó el experto.
Pariahuache también consideró que las entidades responsables de la salud pública no han informado claramente sobre las recomendaciones para que la población no se infecte.
“Por ejemplo, sobre el distanciamiento social se dice que no deberíamos acercarnos más de 1 metro y medio, pero también se ha hablado de una distancia de 2 metros. Añadido a eso, no se explica de forma didáctica la noción de distancia. ¿Cómo medimos un metro o metro y medio?”, cuestionó el profesor de la UDEP.
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Según el especialista, en estas circunstancias es importante que el Gobierno instruya a la gente con una sola voz autorizada y de manera muy sencilla. Se podrían tener en cuenta el modelo de campañas como la del cólera, en la que muchos espacios públicos, como los mercados, tenían afiches pegados con pasos muy simples para protegerse de la enfermedad.
Por otro lado, la docente de la Escuela de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) Rossana Mendoza comentó que la problemática actual tiene que ver con desafíos que no se han terminado de solucionar, como el analfabetismo, que en Perú, se estima, alcanza al 6% de la población y tiene mayor incidencia en las mujeres.
Además, Mendoza llamó la atención acerca de los medios tecnológicos a través de los cuales el Estado ha intentado orientar a la ciudadanía, pues existe un 14% de hogares que no tienen ningún tipo de aparato para informarse.
Un aspecto importante que también fue observado por la docente es la diversidad de lenguas que se hablan en el Perú. “Una quinta parte de la población habla un idioma distinto al castellano. A pesar del reconocimiento y avance bastante importante sobre la diversidad lingüística, la mayoría de información que ha circulado ha sido en castellano. Los esfuerzos para llevar el mensaje en otras lenguas han sido mínimos”, apuntó la catedrática de la UARM.
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La docente también recordó que hay poblaciones indígenas de zonas amazónicas y andinas que se han tenido que organizar por cuenta propia, han usado radios locales, por ejemplo, para difundir recomendaciones para evitar el contagio. “No me parece que ha sido el Gobierno el que ha circulado de la mejor forma la información oportuna para enfrentar estas circunstancias”, dijo.
Jhonatan Clausen, director de investigación del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina (IDHAL) de la PUCP, precisó que si bien existe una brecha entre las víctimas de acuerdo a su grado de instrucción, esta no es tan grande.
Según su análisis, la cantidad de fallecidos con un bajo nivel de educación tiene que ver con que muchas víctimas son adultos mayores y una parte de esta población no pudo estudiar por temas culturales. “Hay algunas condiciones que colocan a las personas en una mayor probabilidad de contraer el coronavirus por no tener la capacidad de cumplir las medidas sanitarias para evitar el contagio. Hay población que no tiene acceso a agua potable para lavarse las manos, viven en condiciones hacinadas y no pueden mantener la distancia social, cocinan con combustibles contaminantes que afectan a los pulmones”, detalló Clausen.
Según un estudio realizado por el IDHAL, alrededor del 30% de peruanos sufre 3 de 6 privaciones que los colocan en vulnerabilidad ante el COVID-19. El economista de la PUCP enfatizó que la desigualdad es un problema que lleva años afectando a los peruanos y lo que ha hecho el coronavirus es resaltar las múltiples dimensiones que nos aquejan. “Cabe preguntarnos qué hemos hecho durante estos años para solucionar estas carencias y privaciones”, dijo.