COVID-19: los momentos claves a seis meses del estado de emergencia en el Perú

El estado de emergencia decretado para frenar la pandemia del coronavirus en el Perú cumplió seis meses este miércoles 16 de setiembre, cuando los casos de infectados llegan a 738,020, según el Ministerio de Salud (Minsa). El país busca frenar el avance de la pandemia mientras reactiva la economía y colabora en los ensayos clínicos de grandes farmacéuticas que desarrollan la vacuna contra el COVID-19.

Los problemas estructurales de la sociedad peruana hicieron difícil mantener la cuarentena obligatoria para evitar el incremento masivo de contagios. El hacinamiento en hogares, la informalidad laboral y problemas para acceder a servicios básicos, sumados a un sistema de salud pública fracturado, generó un combo explosivo que llevó al país a tener la mayor tasa de mortalidad en el mundo por COVID-19.

“El discurso triunfalista del 2004 al 2014, de que íbamos por buen camino y que teníamos una población que vivía en buenas condiciones de manera mayoritaria, se derrumbó un poco. Finalmente hemos visto que somos una sociedad frágil en nuestras condiciones de vida”, dijo el sociólogo de la PUCP Manuel Dammert Guardia en diálogo con Perú 21.

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En tanto, el exministro de Salud Abel Salinas señaló que "estamos ante la crisis sanitaria, económica y social más grave de los últimos 100 años”, y coincidió en que“la pandemia desnudó la precariedad de nuestro sistema de salud y, peor aún, la precariedad de nuestro sistema socioeconómico”.

Los hitos de la crisis

El 16 de marzo, el Perú cerró sus fronteras. Con ello, se suspendieron los ingresos y salidas del país por cualquier medio de transporte aéreo, terrestre y marítimo, excepto en casos humanitarios y otras excepciones, como el transporte de cargas y mercancías.

Ese mismo día, el gobierno anunció la entrega de bonos de S/ 380 para tres millones de familias vulnerables, y solo dos días después, el 18 de marzo, endureció las medidas restrictivas al imponer toque de queda entre las 8 p.m. y las 5 a.m.

Esos primeros esfuerzos por mantener a la población a salvo no impidieron el avance vertiginoso de la pandemia. El 19 de marzo se dio cuenta del primer fallecido por COVID-19 en el país. Se trató de un hombre de 78 años que padecía hipertensión arterial. Hoy la cifra oficial de fallecidos es de 30.927, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud (Minsa).

Con la cifra de infectados al alza, el gobierno de Martín Vizcarra decidió nombrar como ministro de Salud a Víctor Zamora el 20 de marzo, en reemplazo de Elizabeth Hinostroza. Zamora se mantuvo en el cargo hasta el pasado 15 de julio, cuando fue sucedido por Pilar Mazzetti.

El 26 de marzo, cuando se cumplían los primeros 10 días de cuarentena obligatoria a nivel nacional, el gobierno anunció la primera ampliación de esa medida. Y poco a poco, el plazo se fue ampliando hasta que llegó julio, cuando se pasó a una cuarentena focalizada por regiones. Lima Metropolitana y otras 18 regiones empezaron el período de “convivencia” con el virus.

En tanto, el 6 de abril, los escolares de colegios estatales a nivel nacional iniciaron clases a distancia mediante el programa “Aprendo en casa”. Sin una vacuna contra el COVID-19, los centros educativos permanecerán cerrados lo que resta del año.

El coronavirus no da tregua

De acuerdo con el infectólogo Julio Cachay, de la Clínica Ricardo Palma, tras seis meses “estamos al 50% de la evolución de la pandemia”. El país se enfrenta a un virus altamente infeccioso con un sistema de salud “que arrastra carencias por décadas y que es imposible cambiar en pocos meses”.

Pero al menos, “lo que la pandemia provocó es que el sistema de salud despierte del marasmo”, agregó en diálogo con esta casa editora.

En tanto, el confinamiento provocó pérdidas de empleo y una crisis económica que el gobierno busca contener. El 3 de abril pasado, se anunció el programa Reactiva Perú. El Ministerio de Economía detalló que esta iniciativa aprobaba un paquete de garantías por S/ 30 mil millones a más de 350 mil empresas en el país, con el objetivo de que no se rompa la cadena de pagos.

El 21 de abril, el gobierno oficializó la segunda entrega de bonos por S/ 360 para familias vulnerables, en medio de cuestionamientos por la demora en la entrega del dinero y las aglomeraciones que provocaba en los bancos. Poco más de una semana después, el 29 de abril, autorizó con un decreto de urgencia el retiro de S/ 3.000 de los fondos de pensiones privados (AFP).

Para fines de abril, la cifra de fallecidos por COVID-19 en el país ya superaba los 1.000 y la economía de las familias peruanas continuaba golpeada. Con ese escenario, el 1 de mayo se publicó la ley que autorizó el retiro del 25% de los fondos de la AFP y al día siguiente, el gobierno confirmó un plan de cuatro fases para reactivar la economía.

El 22 de mayo, el estado de emergencia fue ampliado por quinta vez, mientras se fortalecía la vigilancia en mercados mayoristas y centros de abasto. Para fines de ese mes, ya se habían aplicado más de un millón de pruebas de descarte del COVID-19, entre moleculares y serológicas.

Para el exministro Abel Salinas, la estrategia de aplicar pruebas serológicas fue errada. “Hoy por hoy, no cabe ninguna duda que la detección del virus para nada [debió hacerse] con pruebas serológicas, mal llamadas pruebas rápidas. La detección [solo] con pruebas moleculares nos habría permitido hacer cercos [epidemiológicos] correctos”, dijo.

En junio, la pandemia seguía al alza y los problemas económicos se agudizaban. El 22 de ese mes se reanudaron las actividades en los centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento, y a la par, el sector Salud gestionaba la compra de miles de camas hospitalarias.

El 2 de julio, el Perú superó las 10.000 muertes por COVID-19. En el ámbito político, en quincena de ese mes, Pedro Cateriano asumió el cargo de primer ministro en reemplazo de Vicente Zeballos, pero duró solo tres semanas en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) porque el Congreso le negó la confianza.

El 6 de agosto, el general del Ejército en retiro Walter Martos asumió como primer ministro. Dos semanas después, el gobierno anunció ensayos clínicos en el país para probar potenciales vacunas contra el COVID-19.

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A inicios de este mes, un grupo de representantes del laboratorio chino Sinopharm llegó al Perú con un lote de la posible vacuna para realizar ensayos clínicos. Para el 8 de setiembre, el país ya superaba los 30.000 fallecidos por COVID-19, de acuerdo con el Minsa. Y en medio de la crisis sanitaria y económica, el Congreso y el Ejecutivo se enfrascaron en una nueva crisis política que sigue su rumbo con filtraciones de conversaciones grabadas irregularmente, acusaciones entre ambos bandos y un proceso de vacancia contra el mandatario Martín Vizcarra, presuntamente por permanente incapacidad moral.

A seis meses del estado de emergencia, “estamos asistiendo a la evolución esperada de la pandemia”, explicó Salinas, en referencia a un descenso en el número diario de fallecidos e infectados. Pero agregó que existe el riesgo de un repunte, como ha sucedido en otros países.

En la misma línea, Cachay señaló que “el virus nos acompañará” por mucho tiempo y hay que aprender a convivir con él. Por su parte, Dammert señala que nos encontramos en pleno aprendizaje social en términos de actividades y espacios públicos. Agregó que “estos seis meses no son una pausa. Es un cambio social de magnitudes no del todo comprendidos. No vamos a regresar a la antigua normalidad”.

El recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins da cuenta que el Perú es el quinto país con más casos de COVID-19 en el mundo, solo superado por Estados Unidos (6,6 millones), India (5 millones), Brasil (4.3 millones) y Rusia (1 millón).

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