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Luego de la reunión del Consejo de Estado realizado esta mañana, este grupo emitió un comunicado donde dio a conocer que sus miembros estuvieron de acuerdo de la necesidad de un “debate amplio, reflexivo y plural” de la reforma constitucional relacionada a la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de altos funcionarios del Estado.
“Sobre la reforma constitucional relacionada a la inmunidad parlamentaria y las prerrogativas de altos funcionarios del Estado, existe unanimidad sobre la necesidad de un debate amplio, reflexivo y plural con la profundidad que amerita una modificación constitucional de esta envergadura, pensando en lo mejor para el país”, menciona el escrito.
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El último domingo, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, modificar diversos artículos de la Constitución eliminando no sólo la prerrogativa de la inmunidad para el presidente y los ministros sino también la prerrogativa del antejuicio político, medida que hicieron extensiva a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo.
Frente a esto, el presidente de la República, Martín Vizcarra convocó a los miembros del Consejo de Estado con el fin de encontrar una salida a la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo provocada por esta decisión. El Consejo de Estado es la instancia que reúne a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, es decir, al Presidente de la República y a los titulares del Congreso y del Poder Judicial. También está conformado por el fiscal de la Nación, Contralos de la República, el Defensor del Pueblo y el presidente del Tribunal Constitucional.
Vale recalcar que a la cita de hoy no asistió la presidenta del TC, Marianella Ledesma.
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EL COMUNICADO
El escrito difundido esta tarde consta de seis puntos, donde se informa sobre los acuerdos llegados por los miembros.
Entre los otros temas tocados -precisa el escrito- se abordó la importancia de la reactivación económica. Asimismo, los integrantes saludaron la convocatoria de las elecciones generales para el 2021, y respaldaron que el Congreso haya aprobado en primera votación la norma que impide la postulación de candidatos con sentencia.
