Congreso le pagará defensa legal al exministro de Pedro Castillo, Óscar Zea

Con la bendición de la Mesa Directiva del Congreso, el Parlamento asumirá el costo de la defensa y asesoría legal al congresista Óscar Zea Choquechambi , quien es investigado por la Fiscalía de la Nación por su presunta participación en el llamado grupo ‘Los Niños’ afín al golpista Pedro Castillo.

El delito que se le imputa al también exministro de Agricultura del régimen castillista es el de colusión agravada en la modalidad de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Zea, quien ingresó al Parlamento con la camiseta de Perú Libre, pero hoy integra la bancada Bloque Magisterial, es actualmente investigado por el fiscal de la Nación junto con un grupo de congresistas denominados ‘Los Niños’, quienes habrían canjeado sus votos para evitar la vacancia de Castillo a cambio de que el Ejecutivo apruebe una serie de obras en sus regiones.

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El acuerdo de Mesa Directiva, con fecha 5 de abril, no precisa el monto que le irrogará al Parlamento la contratación del abogado para Zea. Sí refiere en cambio que la Ley del Servicio Civil establece que entre los derechos de los servidores civiles está el “contar con la defensa y asesoría legal, contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad, en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones”.

ANTECEDENTES

Anteriormente, la Mesa Directiva ha aprobado similar beneficio en favor del titular del Legislativo, Alejandro Soto, y del vocero de la bancada Fuerza Popular, César Revilla, por un monto de S/70 mil y S/40 mil respectivamente.

En el caso del presidente del Congreso, él solicitó la cobertura de su defensa legal en la investigación que le sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos por su vinculación con la organización criminal que lideraría la suspendida fiscal de la Nación Patricia Beanvides.

En este caso el Ministerio Público sostiene que Soto priorizó el debate en el Pleno de una moción contra la Junta Nacional de Justicia a cambio del archivamiento del proceso en su contra por el uso de personal de su despacho para atacar a sus opositores políticos a través de las redes sociales; dicho caso es conocido como “fábrica de trolls”.

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