La Comisión de Ética Parlamentaria, encabezada por Karol Paredes (Acción Popular), declaró infundada por mayoría la denuncia contra el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) por sus declaraciones contra la exministra de Cultura, Gisela Ortiz.
El legislador era investigado por haber declarado en octubre del 2021, en diálogo con Canal N, que la exministra tenía relación con la organización terrorista Sendero Luminoso.
En la sesión de este lunes, con 9 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, se archivó la denuncia contra el vocero de la bancada Renovación Popular.
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Por mayoría se aceptó que el legislador no afirmó sobre la vinculación de Gisela Ortiz y la agrupación subversiva. ”Las opiniones se dieron en un contexto político en cumplimiento de su función fiscalizadora”, se lee en informe final.
En la presentación del informe final se alega que la entrevista en la que participó Jorge Montoya “es netamente política” y por tanto “toda la declaración la realiza desde ese punto de vista”.
Añadió que se debe hacer un análisis “de todo el contexto” y para este caso en particular, el vocero de Renovación excusó que sus expresiones fueron en base a “informaciones de la época”, y que por lo tanto “constituye una sospecha las relaciones de la exministra de Cultura con el terrorismo”.
Según el informe de la Comisión de Ética, Montoya Manrique “no uso palabras fuera de contexto, no uso groserías, sus declaraciones se fundamentan en las pruebas presentadas en su descargo”.
Además, citan que lo dicho por el parlamentario se basan en el testimonio de Walter Risco Pico y un artículo del diario La Razón que fue tomado en el 2009 en la página web de la Federación internacional de derechos Humanos.
Jorge Montoya señaló que estos indicios advierten “la relación” entre Gisela Ortiz con un grupo paramilitar, “son suficientes para sospechar de una persona, más aun tratándose de una autoridad con esa investidura”.
“Las sospechas sobre la exministra Gisela Ortiz Perea se quedan en simples sospechas y por ello no es una falta de respeto sospechar de un funcionario público y opinar políticamente sobre sus actuaciones frente a una cartera ministerial”, concluyó el informe.