Juristas piden al titular del Congreso detener el proceso de aprobación de las reformas

En una carta remitida al presidente del Congreso, Manuel Merino, los constitucionalistas Víctor García Toma, Natale Amprimo y Anibal Quiroga lo exhortaron a detener el proceso de aprobación del dictamen que elimina la inmunidad y la prerrogativa del antejuicio para altas autoridades de tal forma que la reforma constitucional “en los términos planteados en este domingo pasado” quede trunca.

Los expertos, integrantes de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución, precisan que con este mecanismo “se habrán conjurado” los riesgos que implican estos cambios constitucionales.

“Al mismo tiempo, se abrirán las puertas a un mayor debate de todas las instituciones involucradas: la figura presidencial y su inviabilidad procesal temporal y parcial, la propia inmunidad parlamentaria, y la necesidad de no afectar a los Ministros de Estado, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y, sobre todo, los Magistrados del Tribunal Constitucional; cada uno de los cuales representa a entidades que han realizado un enorme esfuerzo por desarrollar sus instituciones acorde con una moderna democracia constitucional”, indicaron en su misiva.

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Advirtieron, además, que si la norma “fuese aprobada en una segunda legislatura ordinaria y se insistiese en convertirla en reforma constitucional (...), lo más probable es que el Tribunal Constitucional asuma competencia sobre las mismas una vez interpuesta la demanda de inconstitucionalidad correspondiente. Si tal fuese el caso, la declaración de inconstitucionalidad estaría más que cantada. Pero aquí se presentaría otra crisis constitucional debido a que esa reforma ya habría entrado en vigencia alterando malamente la Constitución, y su derogación por el Tribunal Constitucional no podría tener ni carácter ni efecto retroactivo”.

Amprimo, Quiroga y García Toma, asimismo, opinan que “mucho de lo acontecido este fin de semana, ha tenido que ver con la actuación del Poder Ejecutivo”. No obstante, no entran en detalles sobre este tema que, precisan “ha sido y es materia del debate político, de comentarios especializados y de los análisis de prensa, y no nos corresponde evaluar en este momento”.

No obstante, sí llaman la atención sobre el hecho de que “el comportamiento del Congreso de la República no puede, ni debe, en un Estado Constitucional de Derecho, responder a una mera relación acción-reacción obteniendo como resultado leyes inconvenientes para el país o, peor aún, reformas constitucionales inopinadas y ciertamente perniciosas para nuestra democracia constitucional aún proceso de consolidación”.

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