La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Patricia Juárez (Fuerza Popular), inició el debate de un predictamen que gira en torno a plantear requisitos mínimos para la designación de funcionarios públicos.
El documento fue elaborado por el grupo de trabajo sobre la iniciativa legislativa presentada por la Contraloría General de la República el pasado 7 de setiembre y por el cual se propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios de libre designación y remoción, y personal de confianza.
Se trata del proyecto de ley 149/2021-CGR. En cuanto a los requisitos mínimos para acceder a un puesto público se afirma que “todo funcionario público de libre designación y remoción, y personal de confianza, para acceder al puesto debe cumplir, además de los requisitos establecidos en la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público; la Ley 30057, Ley de Servicio Civil y demás disposiciones, los requisitos mínimos establecidos en la presente ley”.
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El artículo quinto establece requisitos mínimos para cargos de funcionario público de libre designación y remoción; el artículo sexto, los requisitos para cargos de servidores de confianza; el artículo séptimo, la acreditación de las calificaciones mínimas; y el artículo octavo, las responsabilidades.
La sustentación del predictamen estuvo a cargo de la vicepresidenta de la comisión, Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), quien dijo que “dada la alta discrecionalidad en la designación de estos funcionarios, consideramos que estas personas no pueden estar desconectadas de los principios de la carrera pública y de los deberes constitucionales”.
En un breve debate, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) fue más explícito al proponer que los titulares de pliegos distintos a ministerios deben contar con educación académica concluida y ocho años de experiencia, de los cuales tres deben ser en el sector público.
Finalmente, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por mayoría, el informe de calificación que analizó 24 decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo en el 2020 y que tienen relación con la emergencia sanitaria producida por la COVID-19.