Un año después de la presentación de un pedido de reconsideración de la votación que dio luz verde al nombramiento automático de docentes contratados con más de tres años de servicio en educación básica regular, el Congreso de la República recién lo sometió a votación y lo rechazó por mayoría, convalidando así la norma que se tumba la meritocracia en el sector.
Pedro Herrera, economista principal del Consejo Privado de Competitividad (CPC), sostuvo que la iniciativa contraviene los principios de meritocracia y capacidad establecidos en la Ley de Reforma Magisterial y agregó que atenta contra la presencia de maestros idóneos en las aulas.
Recordó que en 2019 solo el 7.5% de docentes evaluados aprobó la Prueba Única Nacional para ingresar a la Carrera Pública Magisterial. “Cerca de 200 mil docentes no cumplieron con las competencias mínimas para desempeñarse como maestros”, anotó.
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Añadió que la norma aprobada por el Parlamento se da “en un contexto en el cual el gasto en planilla para el sector Educación se ha incrementado significativamente. Solo en el Gobierno nacional dicho gasto pasó de 5,011 millones de soles en el 2019 a 7,921 millones de soles en 2024, lo cual significa un incremento de 58%. Estamos yendo en sentido contrario, el desempeño del docente disminuye, pero los salarios aumentan; los incentivos se encuentran desalineados”, acotó.
Idel Vexler, exministro de Educación, por su parte, dijo que espera que el Ejecutivo observe la autógrafa de ley. “Es preocupante la voluntad populista de la medida”, indicó.
Manifestó también que “resulta inconcebible que la mayoría de congresistas haya aprobado que docentes contratados con 3 años de servicios ingresen a la primera escala magisterial sin ser evaluados como corresponde”. “Tampoco han considerado que se viene implementando un concurso público donde hay 250,000 inscritos para un universo de 50,000 plazas vacantes”, prosiguió.
Secretario general del Sutep, Lucio Castro, no descartó el inicio de una huelga nacional por “medida populista y efectista”.
“Ciertos congresistas piensan que con ese tipo de normas van a recobrar la confianza y el respaldo de la población, cosa que no ocurrirá porque tal como está aprobada esta disposición es inviable”.
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