El pleno del Congreso aprobó este lunes el proyecto que propone facultar a la Contraloría General de la República para el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.
La ley tiene como objetivo establecer que la “declaración jurada de intereses de las autoridades, funcionarios y servidores público del Estado, como instrumento para la detección y prevención de conflictos de intereses y requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública, se presenta ante el sistema de la Contraloría General de la República”.
Esto busca garantizar la autonomía e independencia en el control, fiscalización y sanción de dichos instrumentos, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución y de los principios constitucionales de lucha contra la corrupción, transparencia y buena administración, según indica el texto final sustitutorio.
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Asimismo, señala que están obligados de presentar la declaración jurada de intereses, el presidente y vicepresidentes de la República, los congresistas y el personal que establezca el Consejo Directivo, “de conformidad con lo dispuesto en el reglamento del Congreso”, los parlamentarios andinos y sus asesores; ministros, viceministros; presidente y miembros el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Fiscal de la Nación, fiscales supremos, gobernadores, entre otros.
Además, establece que la Contraloría “controla, revisa, publicita, fiscaliza, previene, mitiga y sanciona lo relativo” a las declaraciones juradas, las cuales deberán presentarse dentro de los 15 días hábiles de ser elegido, nombrado, designado, contratado o similares.
El proyecto fue aprobado en primera votación y exonerado de segunda votación.