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Hasta Cerrón y Castillo se beneficiarían si San Martín concede casación
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La casación interpuesta por el expresidente Ollanta Humala que evaluará la Sala Penal Permanente del juez supremo César San Martín es tan trascendental que sus conclusiones no solo afectarán los casos dentro de la trama Lava Jato, sino también a otro de interés nacional como el de aportes ilícitos a la campaña presidencial de Pedro Castillo.
Humala busca que el tribunal supremo defina si los millonarios abonos que recibió para financiar sus campañas de 2006 y 2011 configuran el delito de lavado de activos, como postula el equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela.
Para el exjefe de Estado, por esos años la ley peruana no tipificaba el financiamiento de actividades proselitistas como delito, y la no declaración del dinero usado –los US$3 millones que entregó la empresa Odebrecht, según la acusación fiscal– solo era sancionada como falta administrativa.
Si la sala concede el recurso, al menos diez investigaciones que tienen contra la pared a partidos políticos y a sus líderes se quedarán sin piso.
A los casos de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, el Partido Aprista, Perú Posible, PPC, Julio Guzmán y la revocatoria de Susana Villarán se le suma el que implica a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.
Si bien el hoy mandatario no está incluido en esta investigación, el fiscal de Lavado de Activos Richard Rojas Gómez ha hallado evidencias del ingreso de dinero no declarado por parte del entorno castillista en la segunda vuelta electoral de 2021.
Fuentes cercanas al fiscal Rojas indicaron a Perú21 que no solo Los Dinámicos del Centro habrían intervenido con los aportes ilícitos, sino también el buró político de Castillo conocido como ‘Los Chiclayanos’, que encabezaba el prófugo empresario Alejandro Sánchez Sánchez.
De hecho, un colaborador eficaz declaró al equipo especial que encabeza la fiscal Marita Barreto que Sánchez aportó más de medio millón de soles a la campaña del profesor chotano, cifra muy alejada de los S/46,800 que este donó, de acuerdo al reporte de Perú Libre a la ONPE.
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En esta carpeta es investigada, además, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien se encargó de abrir las cuentas bancarias para recibir los aportes de campaña para las actividades de Castillo.
Lo que sigue
La audiencia para evaluar la casación de Humala estaba prevista para mañana, pero el juez César San Martín decidió reprogramarla a último momento.
Ese mismo día debe rendir su entrevista personal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte del proceso de ratificación que le toca superar cada siete años.
San Martín no ha querido inhibirse de analizar la casación pese a los pedidos del fiscal supremo Pablo Sánchez y del procurador de lavado de activos Miguel Sánchez.
El nombre del magistrado ha aparecido en las agendas de Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, y por eso mismo este ha decidido apartarse anteriormente en otros casos que impliquen a la expareja presidencial bajo el argumento de no poner en duda su imparcialidad. No obstante, esta vez no lo ha hecho.
El fiscal Vela ha sido insistente haciendo hincapié en este conflicto de interés, pero no ha sido el único. La procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, también ha requerido la inhibición del juez en el caso Gasoducto, que también implica a los Humala-Heredia. Y ha recibido la misma respuesta: San Martín no quiere dar un paso al costado.
“Carlos Caro, que es abogado de César San Martín, también representa a la empresa Enagás, implicada en el caso Gasoducto. Consideramos que hay elementos claros para que el juez se aparte del proceso”, explicó Carrión a este diario.
Respecto a la casación de Humala, la defensora del Estado sostuvo que el pronunciamiento de la sala es determinante porque concluirá si el aporte de dinero a una campaña política es lavado de activos o no.
“Lo que resuelva la sala impactará significativamente en el resto de casos de financiamiento porque definirá un criterio, una manera de operar”, refirió.
Desde 2019 está tipificado el delito de financiamiento prohibido a organizaciones políticas, cuyas condenas pueden llegar hasta los ocho años de cárcel. Pero, para la Fiscalía, el lavado de activos es lo que imperó detrás del dinero que ingresó a las campañas políticas, incluida la de Castillo.
Caso Odebrecht en riesgo
El acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía peruana podría estar en riesgo ante el retorno de Lula da Silva, principal sindicado en el caso Lava Jato, como presidente de Brasil.
El 7 de noviembre empiezan las declaraciones de directivos brasileños en el juicio contra Ollanta Humala –ayudado económicamente por Da Silva a través de la poderosa constructora, según la acusación fiscal– y el primero programado es el exmandamás Marcelo Odebrecht. Al día siguiente debe hacer lo propio el empresario Jorge Barata.
Perú21 conoció que, pese al acuerdo legal, las manifestaciones de los brasileños –testigos confesos de la entrega millonaria de aportes a partidos políticos peruanos– no están garantizadas. Prueba de estas trabas es la lentitud con la que funciona ahora la cooperación internacional entre Perú y Brasil, país que demora la entrega de información.
La decisión de la sala encabezada por César San Martín también es un termómetro para la compañía para así medir su colaboración en adelante.
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