:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/TKJUDRDACBHDJF4EM3T2FA7SUQ.jpg)
El juez supremo Hugo Núñez convocó a audiencia para este jueves en la que evaluará el impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía contra el empresario Salvador Ricci y la jueza Ana Zapata, implicados en una investigación que se sigue al exmagistrado César Hinostroza.
Además, se analizará la suspensión de funciones de Zapata, quien de acuerdo al fiscal supremo Jesús Fernández fue designada por Hinostroza en un juzgado del Callao -cuanto este era presidente de la Corte chalaca, en 2015- para favorecer a Ricci en un proceso.
Perú21 informó la semana pasada que Fernández requirió la extradición del cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, prófugo en España, por el delito de cohecho pasivo específico.
Salvador Ricci es accionista del Hotel La Paz SA (Hotel María Angola) y fue investigado desde 1999 por los delitos de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en agravio del Estado.
En el año 2000, la Sala Superior Transitoria Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Callao dispuso que se embarguen las acciones que Ricci Cortez poseía en el Hotel La Paz, así como bienes muebles e inmuebles de su propiedad.
En 2003, la Corte Superior de Justicia del Callao absolvió al empresario de la investigación y dispuso que la Primera Sala Penal chalaca se pronuncie sobre el decomiso de sus propiedades. Este último tribunal dispuso en 2005 que se proceda a la devolución de los activos, y fue el Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal el que se encargó de ejecutar y ordenó que se haga un inventario sobre su estado actual.
Sin embargo, el Hotel La Paz fue señalado de “conducta procesal impropia” porque no hizo el inventario. En 2015, el entonces titular del Cuarto Juzgado, Pedro Puente Bardales, dispuso que se designaran a los peritos que se encargarían de esa labor.
El 29 de setiembre de 2015, César Hinostroza nombró a la jueza Ana María Zapata Huertas en el referido juzgado en lugar de Puente Bardales cuando este se encontraba de vacaciones. Y entre octubre y noviembre de ese año, se registraron hasta cuatro llamadas entre el entonces magistrado y Salvador Ricci.
Según la investigación de Fernández, las llamadas continuaron en momentos claves del proceso: Ricci se comunicaba con Hinostroza -que ya era juez supremo- y este, a su vez, hacía lo propio con la jueza Zapata Huertas. Y no solo eso: el propio investigado Ricci se contactó telefónicamente con Zapata en febrero de 2016 y lo hizo hasta 2017.
La magistrada Zapata, quien también es imputada en este proceso, se encargó de allanar el camino para que el empresario recupere los bienes que reclamaba declarando nulo todo lo actuado desde 2007.
