Dos años y siete meses tardó poner a disposición de la justicia por el delito de organización criminal al exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y a los tres exintegrantes del ya desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez; todos ellos miembros de la red Los Cuellos Blancos del Puerto.
Por amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprobó acusar a los cuatro exmagistrados por el delito de organización criminal, entre otros, y remitir sus expedientes a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
De esta manera, el actual Parlamento rectificó lo hecho por el anterior Congreso disuelto que desestimó la acusación por organización criminal y solo aprobó denuncias por otros delitos menores.
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Cabe señalar que el caso del cuarto exmiembro del CNM Iván Noguera quedó en suspenso debido a que no se conectó a la sesión virtual.
A Hinostroza Pariachi se le sindica como el líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que tendió una red de jueces y fiscales corruptos en los diferentes niveles del Poder Judicial y del Ministerio Público para asegurar el manejo, a su conveniencia, de procesos judiciales. Para ello contó con la complicidad de cuatro integrantes del CNM, entidad encargada del nombramiento y ratificación de magistrados.
Pero el exjuez supremo –quien se encuentra actualmente en España a la espera de ser extraditado al Perú– es acusado también por otros cuatro delitos no menos graves: patrocinio ilegal, cohecho pasivo especifico, cohecho activo específico y tráfico de influencias por haber recibido dádivas del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo para favorecerlo en el proceso por el caso Los Wachiturros y coordinar la designación del juez Maico Reyner Fernández en el Callao y la ilegal ratificación del juez Mesías Tolentino en El Santa a cambio de lo cual contrató a un recomendado de Noguera.
El congresista Otto Guibovich, integrante de la subcomisión acusadora ante el Pleno, aseguró que la red criminal liderada por Hinostroza tuvo un accionar estable que solo se interrumpió cuando se iniciaron las investigaciones y su propósito, agregó, fue controlar el sistema de administración de justicia.
María Cristina Retamozo, quien elaboró y sustentó también el informe acusatorio, por su parte, rebatió los argumentos de los denunciados respecto de una presunta persecución política.
Lo mismo declaró el legislador Gino Costa, quien precisó que será el Poder Judicial el que establezca si hay o no responsabilidad penal de los acusados. “Nosotros solo tenemos que establecer que hay indicios suficientes de la comisión de delito y corregir el error intencional del Congreso disuelto que los blindó de la investigación”, acotó.