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La orden de detención preliminar del titular de la región Áncash, César Álvarez, y otras 28 personas dictada por el Poder Judicial, guarda relación con las investigaciones por el asesinato del exconsejero regional, Ezequiel Nolasco, precisó hoy el Ministerio Público.
Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, aclaró que la medida judicial no tiene nada que ver con temas de presuntos casos de corrupción o el de 'La Centralita', por lo que descartó la intervención de la Procuraduría Anticorrupción en los operativos.
"El tema de la detención preliminar no tiene nada que ver con lo de corrupción ni 'La Centralita¿. Este es un tema por los vínculos al homicidio de Nolasco. No ha participado ningún procurador, porque por ahí escuché que la medida de detención salió de la Procuraduría, acá no tiene nada que ver eso. Es consecuencia de una investigación de la Dirincri con la fiscalía, vinculada exclusivamente al homicidio de Nolasco. Temas de corrupción lo ven otros fiscales", expresó.
Ayer, en medio de una defensa cerrada a Álvarez, el congresista Heriberto Benítez intentó descalificar el informe de la Procuraduría Anticorrupción sobre la red criminal que lideraría el presidente regional, y aseguró que detrás de este documento había "un operativo policial orquestado para capturar al presidente regional ancashino".
[Áncash: Benítez trata de descalificar investigación sobre red criminal]
¿FILTRACIONES?Consultado sobre la posibilidad de que estas acciones se hayan filtrado y con esto se haya evitado la captura de Álvarez, Chávez Cotrina dijo no saber dónde pudo haber ocurrido pero descartó que proviniera de la fiscalía.
"Ninguno de mis fiscales sabían a dónde iban (antes de las intervenciones y capturas), porque es parte de la estrategia, se les comunica en el momento. Así que descarto que haya salido de la fiscalía porque se hizo con total reserva", dijo.
LOS INICIOS DE LA INVESTIGACIÓNDe otro lado, Chávez Cotrina ecordó, a raíz de la muerte de Nolasco, ocurrida el 4 de abril, la Fiscalía de la Nación ordenó que la investigación pase a la instancia a su cargo con sede en Lima, y desde entonces se hicieron coordinaciones con la Policía Nacional.
Se designó así un equipo especial de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, con la que se llevó a cabo una "investigación profunda y profesional" que generó la orden de captura, comentó el fiscal.
La solicitud, agregó, fue planteada por el Ministerio Público el último martes contra 30 personas,* aunque el juez solo autorizó la detención de 29.* Las operaciones policiales de captura empezaron el jueves.
