Amnistía Internacional indicó a Corte-IDH que Perú no justificó indulto a Fujimori

Organización presentó un memorial ante el tribunal internacional, que mañana evaluará en audiencia la gracia concedida al ex presidente.
Fiscalía considera que Alberto Fujimori debe ser condenado a 25 años de cárcel.

Amnistía Internacional entregó un memorial a la en el que expone su posición respecto al indulto concedido a y afirma que el Estado peruano no ha justificado la razón por la que se excarceló al ex presidente, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

"El Estado Peruano aún no ha presentado elementos que permitan acreditar las condiciones exigidas para la liberación anticipada del ex presidente Alberto Fujimori", se lee en el comunicado del organismo.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó el indulo a Fujimori como "un duro golpe para los derechos humanos en el continente, y particularmente para las víctimas y sus familiares".

"La liberación anticipada, incluso por razones humanitarias, en ninguna circunstancia debe implicar la extinción de la condena ni representar una medida que perpetúe la impunidad", manifestó Guevara.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski liberó a Fujimori en vísperas de la última Navidad, pero solo tres días después de salvarse de la vacancia gracias al voto en abstención de diez legisladores fujimoristas. Su postura, según dijo, se basó en informes médicos que sustentarían que el ex gobernante padecía de enfermedades irreversibles.

Mañana, la Corte-IDH evaluará en audiencia pública, a realizarse en su sede de San José (Costa Rica), el beneficio otorgado al ex mandatario. En la diligencia participarán agentes del Estado peruano que defenderán la decisión tomada por Kuczynski, y, del otro lado, también estarán los abogados de los familiares y víctimas.

El tribunal supervisará el cumplimiento de sentencias que emitió para los casos Barrios Altos y La Cantuta, específicamente sobre las reparaciones y el deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en los casos referidos.

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