Juez de EE.UU. niega pedido de Alejandro Toledo para desestimar extradición

La defensa de Toledo había alegado que la acusación contra el exmandatario se había presentado mucho después de la solicitud de extradición y por eso no se cumplía con el Tratado de Extradición.

No obstante, Hixson advirtió que la Fiscalía peruana presentó la acusación en agosto y está en proceso de llegar a la Corte estadounidense.

“La Fiscalía ha informado a la Corte que Perú ha presentado la acusación (...) Perú está en proceso de traducción de la acusación fiscal y de presentarla ante Estados Unidos como manda el artículo 7 del Tratado y esta Corte esperará que concluya ese proceso antes de tomar una decisión sobre la imputación de tráfico de influencias”, se lee en la resolución a la que accedió Perú21.

El magistrado, además, no acogió el sustento de la defensa del exmandatario sobre la interpretación del Tratado. De acuerdo al abogado Graham Archer, la Corte debía ceñirse a la versión en inglés del acuerdo y no a su similar en español. De esa manera, Archer alegaba que era necesaria una acusación contra su defendido para que proceda la repatriación.

“La Corte rechaza el argumento de Toledo de que solo los cargos formales pueden satisfacer el requerimiento de “acusado” en el Tratado. La Corte entiende que bajo las leyes peruanas solo una orden de enjuiciamiento bajo el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales peruano constituye un cargo formal. Sin embargo, el argumento de que el Tratado requiere que los cargos formales deben ser documentados es inconsistente”, indicó.

Nota original

La diligencia se realizó vía Zoom, y aunque estaba pactada para el mediodía (hora peruana) empezó 20 minutos después mientras se esperaba la conexión de todas partes. Hixson encabezó la audiencia. Por la defensa estaba el abogado de Toledo, Graham Archer, y por la Fiscalía de Estados Unidos se presentaron Elise LaPunzina y Rebecca Haciski.

La asistencia de Toledo quedó constatada porque interrumpió casualmente la exposición de Archer al filtrarse su voz. “Señor Toledo, por favor, apague su micrófono”, pidió su propio abogado.

Archer argumentó que su patrocinado no podía ser extraditado porque, pese a que la Fiscalía peruana presentó la acusación, lo hizo recién en agosto.

“En Perú existe una investigación desde febrero de 2017 y han pasado tres años, tenemos que proteger las leyes estadounidenses y no podemos extraditar a investigados, se necesitan documentos de acusación para que proceda una extradición”, comentó.

El letrado insistió en que la Corte debe evaluar la repatriación del exjefe de Estado bajo el Tratado de Extradición en el idioma inglés, y no en castellano, formato por el cual el Perú requiere al investigado de 74 años.

“Se necesitan cargos (acusación) para detener a una persona mientras la investigas, acá no se puede ignorar el idioma de las leyes peruanas, dice claramente que el requerido puede ser procesado y eso no aplica para Estados Unidos”, explicó.

En un momento, Archer le señala al magistrado que “esta Corte debe considerar los documentos de acuerdo a lo que dice el Tratado”, pero Hixson le aclara que no puede evaluar los delitos de un caso que tiene lugar en otro país.

Si bien el fiscal peruano José Domingo Pérez presentó en agosto la acusación contra el expresidente, la justicia norteamericana no ha recibido la documentación de manera formal.

Esta vez no intervino Elise LaPunzina, como ha sucedido en todo el proceso, sino Rebecca Haciski que habló brevemente. El juez Hixson le consultó si debería esperar a que la acusación llegue a sus manos para tomar una decisión, y la fiscal respondió que sí debería hacerlo porque la investigación en Perú ya culminó.

En contraste con Archer, Haciski indicó que si bien la acusación no llegó aún a la Corte, en el pedido de extradición ya se precisaban los delitos que se le imputan a Toledo (colusión y lavado de activos).

Thomas Hixson dio por concluida la audiencia tras recoger los alegatos y dijo que se pronunciaría sobre esta parte del debate. En marzo de 2021 hay otra audiencia para discutir la viabilidad de la extradición.