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Alejandro Soto habría mentido en su declaración jurada
Un parlamentario que debió ser excluido. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se encontraba imposibilitado de postular al cargo que hoy ostenta, según informó Panorama.
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Un parlamentario que debió ser excluido. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se encontraba imposibilitado de postular al cargo que hoy ostenta, según informó Panorama.
El dominical aseguró que en la declaración jurada de intereses que Alejandro Soto presentó para ser candidato de Alianza para el Progreso —en octubre de 2020— no se encontraba la deuda por una reparación civil que se consignaba en un expediente judicial del legislador, uno de los tantos que tiene.
Y es que, en agosto de 2011, cuando el ahora congresista era un entrevistador local en Cusco, hubo un conflicto entre barristas y policías, en el que un joven de 16 años falleció.
Frente a lo sucedido y sin prueba alguna, Soto Reyes culpó de la muerte al agente de la PNP Nilo Chávez Luna, quien lo querelló por el delito de difamación.
En 2013, un juez resolvió “reservar el fallo condenatorio a Alejandro Soto Reyes por el delito de difamación agravada (…) y como pago por reparación civil impusieron por este concepto la suma de diez mil nuevos soles”.
Soto interpuso una medida cautelar y dilató el proceso hasta 2016, cuando el Quinto Juzgado Civil de Cusco dejó sin efecto esta medida y le dio 10 días para pagar la deuda, cosa que no hizo. El congresista, una vez electo, en junio de 2021, corrió y pagó el dinero que debía.
UTILIZÓ EL CONGRESO
Por la tarde de ayer, al tomar conocimiento de la denuncia periodística, el parlamentario no tuvo mejor idea que usar las redes sociales del Legislativo para defenderse.
A través de la cuenta oficial del Congreso, aseguró no tener “antecedentes penales, ni judiciales, ni deudas con nadie”. Este mal uso del mencionado medio de comunicación le podría costar una nueva investigación.
Según el abogado Erick Iriarte, “si las redes sociales terminan siendo utilizadas para ensalzar o defender a un funcionario en particular, no estarían cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas; si se demuestra que la utilización de las redes fue ejecutada por orden del jefe de la institución, se estaría enfrentando a un peculado de uso”, aseguró.
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