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Alejandro Sánchez: Audiencia para evaluar prisión preventiva contra el prófugo será el 11 de noviembre

El Poder Judicial programó para el viernes 11 de noviembre la audiencia de asistencia obligatoria en la cual se evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el propietario de la casa de Sarratea en Breña, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, quien permanece prófugo de la justicia.

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El Poder Judicial programó para el viernes 11 de noviembre la audiencia de asistencia obligatoria en la cual se evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el propietario de la casa de Sarratea en Breña, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, quien permanece prófugo de la justicia.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria programó la audiencia presencial este 3 de noviembre, luego que la fiscalía precisara que solicitó esta restricción contra el investigado prófugo el 21 de octubre último.
“La audiencia se iniciará a las 08:30 horas en la sede de la Corte Superior Nacional en la Av. Tacna. Es de carácter inaplazable y la concurrencia de las partes es obligatoria”, informó el Poder Judicial a través de redes sociales.
Perú21 pudo verificar en el Sistema Digital de Requisitorias de la PNP que el paisano y amigo del presidente Pedro Castillo no está registrado ni siquiera en la base de datos que la Policía usa para buscar a los ciudadanos requeridos por la justicia. Es decir, ningún agente puede detener a Alejandro Sánchez si es que este decide mostrarse públicamente porque –como se dice en el argot policial– no tiene RQ (requisitoria). Esto explica también por qué el Ministerio del Interior (Mininter) no lo ha incluido en el programa de recompensas, cerrándose así el círculo de impunidad.
Los abogados de Sánchez Sánchez y el Ministerio Público ya fueron notificados con el requerimiento fiscal de presencia obligatoria, bajo apercibimiento de que si no se presenta un abogado del prófugo, será sustituido por un defensor público.
El Ministerio Público había detallado que pidió prisión preventiva contra Alejandro Sánchez Sánchez el 21 de octubre, y que era competencia del juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria determinar la fecha para evaluar este caso.
Los otros tres procesados contra quienes el equipo especial Contra la Corrupción en el Poder pidió prisión preventiva recibieron 30 meses de prisión preventiva. Se trata de Salatiel Marrufo (exasesor del sector Vivienda); Biberto Castillo y Abel Cabrera, quienes son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros en el caso denominado ‘Gabinete en las sombras’.
Alejandro Sánchez no se entregará
A través de redes sociales y desde la clandestinidad, el dueño de la casa de Sarratea descartó que se vaya a poner en manos de las autoridades a pesar de la orden de detención preliminar en su contra.
“No he cometido ningún delito, y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz (...) si hubiese cometido algún delito primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país; seguidamente me entregaría a la justicia sin necesidad que me busquen, pero como no soy culpable de nada, no lo haré”, se lee en su publicación de Facebook.
“Si el Ministerio Público dice lo contrario les doy dos opciones para presentarme: 1. Que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción respetando la ética profesional no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. 2. Que traigan a (César) Hinostroza y (Alejandro) Toledo”, agregó.
El martes 11 de octubre, los agentes del equipo especial llegaron hasta una lujosa casa en Asia –que un colaborador eficaz se la atribuye como propiedad a Pedro Castillo– para detenerlo por el caso ‘gabinete en la sombra’; sin embargo, Sánchez ya había fugado. La Policía sospecha que una oportuna llamada en la madrugada lo alertó del operativo. Desde entonces, y a casi un mes de su desaparición, el Mininter no lo ha colocado en la lista de los más buscados. Pero la responsabilidad de que Sánchez aparezca en este registro no es solo de Interior, sino también de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Existe una Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad que depende de la PCM. Este grupo de trabajo debe evaluar y otorgar el beneficio, determinar el monto de la recompensa y comunicar a las instancias competentes lo acordado. Lo cierto es que hasta el momento no hay nada y el financista de Castillo puede seguir respirando tranquilo.
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