"HAY IMPUNIDAD". Constitucionalista Alejandro Rospigliosi recuerda que han pasado 10 años y no hay sentencia en el 'caso Urtecho'. (Foto: Alejandro Rospigliosi / Facebook)
"HAY IMPUNIDAD". Constitucionalista Alejandro Rospigliosi recuerda que han pasado 10 años y no hay sentencia en el 'caso Urtecho'. (Foto: Alejandro Rospigliosi / Facebook)

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi advirtió que el caso del congresista Michael Urtecho, que recortaba el sueldo a sus trabajadores, demuestra que en el Perú hay “impunidad total” porque han pasado casi diez años del inicio del proceso y aún no hay una sentencia.

MIRA: Fuerza Popular denuncia a María Cordero Jon Tay ante la Comisión de Ética

“No olvidar el ‘caso Urtecho’. Es un escándalo que hasta ahora no haya una sentencia de primera instancia”, dijo Rospigliosi a Perú21, al ser consultado sobre el inicio de una investigación preliminar en la Fiscalía y un proceso de indagación en la Comisión de Ética contra la congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, tras difundirse el último domingo, en un programa dominical, conversaciones telefónicas entre la legisladora y un asesor suyo en las que le pedía que le entregue hasate el 75% de su sueldo.

En esta legislatura ya son cinco denuncias contra legisladoras por recorte de sueldo a sus trabajadores. Los casos son vistos en la Comisión de Ética y aún no tienen sanción, y son investigados preliminarmente por el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Las otras cuatro parlamentarias denunciadas, aparte de Cordero, son Katy Ugarte (No agrupada), Heidy Juárez (No agrupada), Rosío Torres (APP) y Magaly Ruiz (APP).

CASO URTECHO

Como se recuerda, el congresista Urtecho primero fue suspendido 120 días por la Comisión de Ética, pero al aparecer más pruebas, fue acusado constitucionalmente y desaforado en diciembre de 2013.

La Fiscalía ha pedido 24 años de prisión para Urtecho, y 22 años para su esposa, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Rospigliosi propuso como una solución que los legisladores solo puedan recomendar la contratación de una secretaria o secretario, y que sus asesores u otros trabajadores deben depender de su bancada.

REPARACIÓN CIVIL

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero pidió que la Procuraduría del Congreso solicite el pago de una reparación civil a las cinco congresistas investigadas, en Ética y la Fiscalía, por el recorte de sueldos de sus trabajadores, por afectar la imagen del Parlamento.

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