Alberto Fujimori: presentan denuncia constitucional contra magistrados que votaron a favor del indulto

La legisladora de Perú Libre, Margot Palacios, presentó una denuncia constitucional contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que votaron a favor de que se declare fundado el habeas corpus presentado a favor del expresidente Alberto Fujimori.

Los denunciados son: Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón de Taboada, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda Canales.

Fecha Actualización

23/03/2022 - 15:34

La legisladora de Perú Libre, Margot Palacios, presentó una denuncia constitucional contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que votaron a favor de que se declare fundado el habeas corpus presentado para la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

Los denunciados son: Ernesto Blume Fortini (ponente del caso), José Luis Sardón de Taboada, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda Canales.

Además del caso de Fujimori, la denuncia se sustenta también por la sentencia que dio el Tribunal, con votos de los mencionados magistrados, gracias a los cuales se declaró improcedente la demanda de los pueblos originarios de las Comunidades Campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucará de Puno.

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“En la Sentencia del TC se sostiene que el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocida en la Constitución, que no es un derecho fundamental aun cuando emane del convenio 169 y que menos tiene rango constitucional”, se lee en el escrito.

En cuanto al caso del exmandatario, se afirma que el TC no tomó en cuenta que el indulto dado a Fujimori derivó en un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según el cual:

“No ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones de derechos humanos”.

“POR LO EXPUESTO: Solicitamos dar trámite a la presente denuncia constitucional contra los magistrados Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón de Taboada, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda Canales por la concurrencia de conductas descritas contra los principios y deberes funcionales señalados en la Constitución, contra los afectados directamente por dichas prácticas, contra el Estado de Derecho y los intereses del bien común”, finaliza el escrito.

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