En la audiencia pública de control de convencionalidad sobre el indulto otorgado al ex mandatario Alberto Fujimori, el 24 de diciembre de 2017, la defensa de los familares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, expusieron su testimonio sobre la legalidad de dicha facultad presidencial.
Gloria Cano, representante de Aprodeh, aseguró que el indulto humanitario es un "claro retroceso" para la justicia peruana en el marco internacional y argumentó que este se realizó por "pacto político" para no vacar al ex jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski.
"Necesitamos y queremos que ustedes evalúen esta resolución. La Corte IDH señala que hay ciertos requisitos. Alberto Fujimori no ha pagado ni un solo sol", dice.
Por su parte, Carlos Rivera, abogado de IDL, recuerda que el 11 de diciembre el ex presidente presentó su solicitud de indulto, pero, asegura, el 4 de diciembre se estaba emitiendo una opinión favorable cuando no había ningún pedido.
La defensa de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, por su parte, pidió que se declare improcedente el pedido de la parte civil y aseguró que es ilegal solicitar que se revoque el indulto al ex presidente.
"La ejecución de la pena se extingue con el indulto. (...) Los controles de convencionalidad tienen que darse respetando criterios. (...) Ese es el criterio de 'procesos pendientes', y no hay ningún proceso porque el proceso ya fue extinguido con el indulto. Esto es ilegal, por no decirlo de otra manera", subrayó.