El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, denunció que es amenazado de muerte luego de la visita que realizó el 27 de enero a la Reserva Ecológica de Chaparrí, ubicada en el distrito chiclayano de Chongoyape.
Aquella vez, dijo que se debía enfrentar “con firmeza” la mafia de tráfico de terrenos en esta zona y lamentó el asesinato del teniente gobernador del caserío El Mirador, José Tarrillo, quien luchaba contra los invasores.
El titular del ente de justicia reveló que luego de culminar el recorrido con autoridades locales a la zona protegida, tres sujetos desconocidos llegaron por la noche, en un automóvil, hasta el negocio que tiene su hermano en el distrito de José Leonardo Ortiz, y lanzaron la siguiente amenaza: “Díganle al señor Duberlí Rodríguez que esto es una advertencia de Chaparrí”.
Ante ello, dijo solicitó garantías a la Policía de Lambayeque y al Ministerio del Interior para salvaguardar su integridad y la de su familia. A dicha cartera, además, le entregó una lista de 15 personas involucradas en investigaciones fiscales por los delitos de tráfico de tierras en dicho sector.
NO TEME INTIMIDACIONES
Rodríguez también señaló que detrás de estas intimidaciones estaría una organización criminal vinculada a los traficantes de tierras de esta zona protegida. Sin embargo, indicó que no desistirá en su labor de proteger esta reserva.
“No podemos permitir que el crimen organizado y los invasores de tierras, que quieren destruir Chaparrí, se atrevan a amenazar a la propia autoridad máxima de un poder del Estado, porque si eso lo hacen conmigo, mañana lo harán con el propio presidente de la República, y eso no lo podemos permitir... Se han atrevido a amenazar de muerte al propio presidente del Poder Judicial”, sostuvo.
Datos
-En audiencia pública realizada en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Rodríguez expresó su preocupación por las usurpaciones de tierras en Chaparrí. Dijo que “las entidades del Estado no están actuando como corresponde”.
-Ante ello, invocó a las autoridades de esa región a poner mano dura para evitar la desaparición de la reserva.
-La Defensoría del Pueblo incluyó en su reporte de conflictos sociales el problema en el área de conservación.