Ante la promulgación de la Ley n.º 31498, ‘Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos del Perú', la cual exige que el contenido de los textos escolares sean sometidos a la aprobación de grupos que no tienen las competencias para ello, abriendo paso para que organizaciones como ‘Con Mis Hijos No te Metas’ intervengan en el desarrollo del currículo escolar, la Plataforma Educación Sin Retroceso, que agrupa a organizaciones defensoras de la educación, de la igualdad de género, de la educación sexual integral (ESI) y de derechos humanos, respalda una demanda de acción de amparo ante el Poder Judicial, a fin de impedir, la ejecución de una ley que atenta contra el derecho a la educación de miles de niños, niñas y jóvenes que acuden a las escuelas públicas.
Dicha acción de amparo fue presentada el 5 de julio ante el 9no Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, por una estudiante de 16 años de una institución educativa estatal, en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que se verán afectados directamente por el alcance de la Ley n.º 31498. Esta demanda será avalada y respaldada por la Plataforma Educación Sin Retroceso, conformada por organizaciones y colectivos, tales como Promsex, Asociación Kallpa, Inppares, Manuela Ramos, Flora Tristan, Paz y Esperanza, Plataforma Educación con Igualdad, Foro Educativo, entre otros.
“Buscamos que se inaplique la Ley 31498, debido a la vulneración del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la igualdad y la no discriminación, a la educación, a la educación sexual, al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la participación en igualdad de condiciones de los padres y madres en el proceso educativo, entre otros reconocidos por la Constitución. De seguir con la norma, solo estaríamos retrocediendo como sociedad”, sentenció al respecto Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex.
Desafortunadamente, la autógrafa de esta ley, aprobada por el Congreso, con nula consulta y participación de los entes especializados, incluyendo el Ministerio de Educación, no fue observado por el presidente del Perú, señalando que su corrección, estaría en la elaboración del Reglamento, lo que implicaría la instalación de una ley que afecta derechos fundamentales.