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Colección del Bicentenario 200 años de la Economía en el Perú: Los graves costos y pérdidas que dejó el terrorismo – II
Sendero Luminoso afectó el trabajo y los medios de subsistencia de comunidades rurales, cometió masacres y atacó a la cooperación internacional y a religiosos. El daño del MRTA no se quedó atrás.
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La violencia de Sendero Luminoso golpeó a todos. No fue solamente contra dirigentes, directivos, importantes empresas o gran infraestructura. Los terroristas también fueron el flagelo de los peruanos de escasos recursos en varias partes del país.
Es el caso del ataque sistemático contra los integrantes de varias unidades productivas de localidades andinas, como las cooperativas y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) que, con mucho esfuerzo, dadas las deficiencias de ese modelo, venían manteniendo desde que se crearon con la reforma agraria del general Juan Velasco. Por ejemplo, hostigó continuamente a la SAIS Cahuide (Yanacancha, Junín) a finales de los 80. El 18 de noviembre de 1987, atentó contra la unidad de producción de esta SAIS dedicada a la empresa Laive y asesinaron al gerente. Luego dañaron la infraestructura e intimidaron a los trabajadores, a quienes les hicieron ver todo lo sucedido. En abril de 1988, volvieron a atacar y el nuevo gerente quedó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en 1989, año en que Cahuide dejó de funcionar. Lo mismo hizo Sendero en 1988 con la SAIS Heroínas Toledo. La lenta respuesta del Estado en ambos casos jugó en contra de tales unidades de producción.
El principal motivo por el que Sendero atacaba determinadas SAIS y cooperativas era evitar que las comunidades lograran articularse bajo un esquema de mercado, el cual era posible gracias a la asociatividad. Para Sendero Luminoso, si ello significaba avanzar en su cometido de ganar dominio de la sierra central, era válido destruir en muchos casos la única fuente de ingresos de cientos de familias que vivían del agro.
Sendero hacía una incursión y destruía las viviendas que muchas veces eran quemadas, así como las herramientas de trabajo del campo. Una estimación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), con datos del Proyecto de Apoyo a la Repoblación (PAR), arroja que las pérdidas materiales en promedio de una familia campesina debido a los ataques terroristas se calculaban en US$5,120, lo que hoy equivaldría a casi US$10,930. Tal monto incluía la pérdida de sus viviendas, la eliminación o remate de ganado, ovejas o animales de corral, la pérdida de enseres del hogar y la destrucción de herramientas de trabajo, cultivos, entre otros bienes materiales. Respecto a las familias que se dedicaban a la producción pecuaria, el 34% sufrió una marcada disminución de sus animales que, en muchos casos, eran una forma de ahorro.
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A esta situación se sumó el bloqueo y destrucción de vías de transporte que conectaban ciudades de la sierra central y sur con la costa. De esta forma, la destrucción de los bienes de estas familias, los daños a las unidades de producción y el aislamiento de las ciudades costeras como Ica y Lima, donde podían vender la poca producción que generaban, ocasionó la descapitalización y caída de los ingresos de las familias de agricultores, por lo que muchos terminaron abandonando sus tierras.
Penetración en la selva
A comienzos de los 80, Sendero Luminoso vio la oportunidad de abrirse camino en la selva. Primero lo hizo enviando a profesores para que comenzaran a educar según su pensamiento a las comunidades, como ocurrió también en la sierra ayacuchana. Esto ocurrió tanto en las comunidades nativas como en los poblados de colonos. Separaron a las comunidades en grupos demográficos, por edad y sexo, y fueron instruyéndolos en la ideología marxista, maoísta y presentándoles el ‘pensamiento Gonzalo’, la doctrina del sanguinario grupo terrorista maoísta creada por Abimael Guzmán. Luego de la ideologización empezó la militarización, enseñando a los jóvenes técnicas de combate.
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A finales de los 80, los mandos senderistas ordenaron a las comunidades retirarse de poblados cercanos a la ciudad e instalarse en campamentos preparados para continuar moviéndose. Comunidades enteras de 50 a 80 personas fueron trasladadas bajo amenazas y aquellos que no cedían eran asesinados y sus propiedades, arrasadas. Si bien fueron llevadas en calidad de secuestradas, las nuevas generaciones ya eran “hijos” de Sendero Luminoso. Víctor Tipe, investigador de la violencia senderista en esos territorios, señala que esta estrategia es un calco de lo que sucedió en Camboya con Pol Pot, donde los hijos eran separados de la madre para ser criados por un grupo de mujeres mayores. Así se perdía el vínculo familiar y se desarrollaba una relación de pertenencia al grupo terrorista.
Tipe explica que aquellos niños que nacieron entre los 80 y 90 hoy tienen cerca de 30 años y son mandos medios en el VRAEM con los Quispe Palomino. Estos jóvenes estuvieron gran parte de su vida en campamentos terroristas en la selva y todo lo que conocen es la doctrina senderista.
Los remanentes de Sendero
La captura de Abimael Guzmán significó que Sendero se quedaba acéfalo y empezó a perder acciones frente a las rondas campesinas, lo que ocasionó que la organización se dividiera en diversos frentes regionales bajo el mando de varios comandantes, muchos de los cuales estaban enfrentados entre sí.
En esta transición, se puede mencionar dos corrientes muy fuertes. La liderada por el propio Guzmán, que buscaba dejar atrás el enfrentamiento contra el Gobierno y luchar por un acuerdo de paz negociado con Alberto Fujimori. La otra corriente, denominada Proseguir, liderada por Óscar Ramírez Durand ‘Feliciano’, que buscaba continuar con la lucha armada del ‘pensamiento Gonzalo’. Este último grupo fue el que se desplegó hacia la sierra profunda. Con la caída de ‘Feliciano’ en 1999, Sendero se fue al Alto Huallaga, bajo el mando de Florindo Flores Hala ‘Artemio’, y al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), bajo el mando de Víctor Quispe Palomino ‘José’. En ambas zonas, la herramienta principal de subsistencia de los dos grupos era la simbiosis con el narcotráfico. Félix Huachaca Tincopa ‘Roberto’ fue un dirigente senderista a quien Quispe Palomino había enviado en noviembre de 2009 al Alto Huallaga con la misión de establecer una cabeza en la selva, convertirla en frente y arrebatarle luego el control del Huallaga al grupo senderista de ‘Artemio’.
En fuentes periodísticas se consigna que apenas supo de su presencia, ‘Artemio’ lo buscó para enfrentarlo en combate, pero nunca lo encontró. Quien sí halló a ‘Artemio’ fue la Policía, pero en 2011, un año después de la captura del mismo ‘Roberto’, con cuyo testimonio se pudo conocer algunas acciones de Sendero en el VRAEM.
Cupos y los dólares del narcotráfico
De su interrogatorio, se supo que el grupo liderado por Quispe Palomino cobró cupos a los madereros en la zona de Vizcatán, para poder financiarse entre 2003 y 2006. ‘Roberto’ entregó información de primera mano donde sostuvo que, cuando los cupos madereros no fueron suficientes, el principal ingreso de Quispe Palomino era el narcotráfico. Los recursos que captaba provenían del libre tránsito de los mochileros que se desplazaban por Vizcatán. El líder de cada grupo de mochileros debía entregar al responsable del control cuatro dólares por kilo de droga, sea esta pasta básica o clorhidrato de cocaína. Sendero Luminoso podía llegar a cobrarles US$40 mil al mes. Pero este no era el único ingreso por narcotráfico, pues, como integrantes de Sendero, trasladaban cargamentos de droga de la zona de Bidón con dirección a Huachocolpa o Tintay Puncu o por Huanta. Por cada cargamento de droga se recibía la suma de US$30 por kilo, lo que significaba cerca de US$24 mil adicionales.
La cantidad de dinero generada por Sendero, por el mismo narcotráfico y por cientos de pobladores que ven en ese accionar un modo de subsistir, explican algunos de los motivos por los que es tan difícil acceder y erradicar a estas nefastas fuerzas en el VRAEM.
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Movadef y su penetración gremial
A raíz de la estrategia de Abimael Guzmán, de llegar a un acuerdo de paz con del Gobierno, comenzaron a surgir distintas agrupaciones adeptas a su propósito, buscando una amnistía general y conseguir que Sendero sea visto como una facción que peleó por derechos y no como un grupo terrorista. En esa línea, apareció el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), en 2009, que pidió la liberación de terroristas miembros de Sendero Luminoso. La organización fachada o brazo político de la agrupación terrorista buscaba participar en procesos democráticos. Sin embargo, en una atinada decisión, el Registro de Organizaciones Políticas del JNE rechazó el pedido en 2012 por considerar que su ideología es violenta y antidemocrática, basada en el “pensamiento Gonzalo” del sanguinario Guzmán.
Los fundadores de Movadef fueron Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, ambos abogados del genocida Abimael Guzmán. Fajardo estuvo en la cárcel por apología al terrorismo, pero luego fue liberado junto a otros implicados mientras las investigaciones continuaban. Murió en 2018. Crespo fue capturado en 2020, en la operación Olimpo, junto con otras 72 personas investigadas por pertenecer a esta organización terrorista y por haber creado bases clandestinas en Lima Metropolitana y el Callao.
Su relación con los sindicatos de trabajadores es conocida, pues Sendero Luminoso desde sus inicios buscó infiltrarse en ellos y hay casos como el del magisterio y el del gremio de construcción civil, en los que oficialmente no pudo penetrar. Sin embargo, se ha puesto en evidencia que Movadef ha optado por recurrir a organizaciones y grupos que expresamente no se vinculan con SL y son de fachada.
Sendero como tal no pudo llegar a controlar un gremio que para ellos era fundamental: el del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Sin embargo, el Movadef creó una organización fachada: el Comité Nacional de Reorientación del SUTEP (Conare SUTE) que fue rechazado por el SUTEP.
El Conare SUTE fue liderado por Pedro Castillo durante la huelga de maestros de 2017 en contra de los requisitos establecidos para la carrera magisterial y la evaluación docente, cuando era ministra de Educación Marilú Marthens. El mismo Conare SUTE, según una investigación de Perú21, también intentó llegar al directorio de la Derrama Magisterial en 2020, dejando en claro que sus intenciones por infiltrarse en el sector docente y llegar a cientos de miles de educandos se mantienen muy vigentes.
Las masacres que cometió Sendero
El dolor de Lucanamarca. El 3 de abril de 1983, Sendero asesinó a 69 campesinos, entre hombres, mujeres y niños pequeños de esa comunidad en Huancasancos, Ayacucho. Fue una represalia ordenada por Guzmán y su cúpula porque la población se enfrentaba a los senderistas, a uno de cuyos mandos había apresado y ajusticiado. Fue la primera matanza colectiva que SL realizó y reivindicó.
Soras y el bus de la muerte. El 16 de julio de 1984 fue una jornada sanguinaria de doce horas. Entre 30 y 40 miembros de Sendero Luminoso tomaron por asalto el bus Cabanino, mataron a sus 17 ocupantes y siguieron la ruta habitual. En cada una de las siete paradas masacraron con piedras, picos, machetes y armas de fuego a quienes se encontraban ahí, hasta llegar a la localidad de Soras (provincia de Sucre, Ayacucho). Esta matanza fue ejecutada por el Comité Zonal Cangallo-Fajardo de Sendero Luminoso, comandado por Víctor Quispe Palomino, camarada ‘José’, actual líder de los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem. Las paradas de Sontohocha, Pallca-Chalapuquio, Badopampa, Sayropampa, Doce Corrales, Yanama, Palachapampa fueron sangrientas. En Soras, los senderistas llamaron a un ‘cabildo’ e hicieron un juicio popular. Asesinaron a 117 personas de todas las edades en represalia por la decisión de los comuneros de aliarse para luchar contra la organización terrorista. Abimael Guzmán Reynoso y el recién excarcelado Osmán Morote eran autores mediatos de esta masacre.
Asháninkas, secuestro y muerte. Esta comunidad también fue seriamente afectada pues, a partir de 1987, Sendero Luminoso buscó captar a sus miembros y en el intento secuestró a cerca de 10 mil de 55 mil asháninkas. Se estima que fallecieron cerca de 6,000 personas y que desaparecieron hasta 40 de sus comunidades. Los ataques contra ellos continuaron incluso después de la captura de Abimael Guzmán, pues el 20 de agosto de 1993 se reportó el asesinato de 55 personas en Satipo (Junín), en una incursión de unos 200 senderistas. El nivel de agresión y crueldad fue tal que los terroristas ingresaron al hospital donde había niños a los que les cercenaron salvajemente las orejas.
La matanza de Matzunari. En la selva, los senderistas incursionaban en un pueblo o comunidad, ofrecían dejar irse a quienes quisieran hacerlo y lo hacían, pero, a los pocos kilómetros, los perseguían y los acribillaban. Para no gastar municiones, los ahorcaban o los mataban con hachas o machetes. El 28 de julio de 1993, senderistas llegaron a las 7 de la mañana a la comunidad de Matzunari (San Martín de Pangoa, Satipo, Junín) que era habitada por cerca de 300 personas. La comunidad se defendió con arco y flecha, lanzas y palos hasta la una de la tarde. Pocos sobrevivieron y fueron apresados. Las mujeres fueron asesinadas con lanzas en los senos y los niños fueron llevados a chozas, donde los quemaron vivos.
Memoria: historias que no podemos olvidar
Las páginas nos quedan cortas para reseñar todo el daño causado por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Hay crímenes cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA que, por su magnitud e impacto, perduran dolorosamente en la memoria colectiva, como las masacres reseñadas antes, graves atentados o el asesinato de María Elena Moyano, la dirigente de Villa El Salvador.
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La cúpula senderista fue encabezada por Abimael Guzmán Reynoso y Elena Iparraguirre, quienes cumplen dos sentencias de cadena perpetua. La primera condena les fue dictada en 2006 y fue acompañada de sentencias de 25 años de prisión para el resto del grupo que integraban Angélica Salas, Margie Clavo, Margot Liendo, Martha Huatay, Victoria Trujillo, Óscar Ramírez Durand (‘Feliciano’), Osmán Morote y Víctor Zavala. Laura Zambrano y María Pantoja recibieron condenas de 35 años de prisión.
La segunda sentencia de cadena perpetua fue dada en 2018 por el atentado en la calle Tarata, Miraflores, en 1992 (25 fallecidos y 155 heridos). Esta comprendió a Guzmán e Iparraguirre, así como a Liendo, Pantoja, Zambrano, Edmundo Cox Beuzeville, Florindo Flores Hala (‘Artemio’), Florentino Cerrón Cardoso, ‘Feliciano’ y Morote.
En cuanto al MRTA, su líder, Víctor Polay Campos, fue sentenciado a cadena perpetua en 1993, pero esta condena fue anulada en 2001. En 2006 fue sentenciado a 32 años de prisión, que en 2008 subieron a 35 años por un fallo de la Corte Suprema. El MRTA cometió asesinatos y secuestros de empresarios, cobro de fuertes cupos y tuvo una actividad violentista muy fuerte en parte de la Amazonía, sobre todo en la región San Martín. Quiso tomar control de la región Junín, donde Sendero tenía fuerte presencia, lo que generó una pugna que se evidenció desde 1986.
Sin embargo, si hubo una acción que tuvo en suspenso al mundo fue la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón, en diciembre de 1996, al mando de Néstor Cerpa Cartolini, lo que nos tuvo en vilo hasta abril de 1997, cuando se produjo la operación de rescate Chavín de Huántar, en la que los terroristas fueron abatidos.
En 2006 otros emerretistas también fueron sentenciados: Miguel Rincón Rincón (32 años de cárcel), Lucero Cumpa (28 ampliada a 30), Peter Cárdenas Schulte (25) y Alberto Gálvez Olaechea (23 ampliada a 24).
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Ataques a religiosos y cooperantes
Entre las víctimas de Sendero Luminoso se cuenta a decenas de miembros de organismos cooperantes como los expertos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) asesinados en 1991. Kiyotada Miyagawa, Hiroshi Nakanishi y Seibun Kinra trabajaban en la Estación Experimental del Instituto Nacional de Investigación Agraria, en Huaral.
Otro caso fue el del sacerdote diocesano italiano Alessandro Dorni Negroni, asesinado en Chimbote, Áncash, en agosto de 1991. Murió tres días después de que Sendero asesinara en Pariacoto, Huaraz, a los jóvenes sacerdotes franciscanos Michal Tomaszek (34) y Adam Strzalkowski (32). Ambos eran polacos y, al igual que su par italiano, cumplían labores de ayuda a los más pobres.
Las religiosas franciscanas de Puerto Ocopa (Satipo, Junín) también fueron asediadas por proteger a la comunidad asháninka y, sobre todo, a los niños que habían sobrevivido al horror de los campamentos senderistas.
La actividad de SL no paró ni iniciado el siglo XXI. El 9 de junio de 2003, un grupo de 62 terroristas irrumpió en el campamento Tocate (La Mar, Ayacucho) de la firma argentina Techint, que construía el ducto de Camisea, y secuestró a 71 personas (tres policías y 68 trabajadores). Pidieron un millón de dólares a cambio de los rehenes (siete eran extranjeros). Luego de 36 horas de negociaciones y el despliegue de 240 efectivos, los rehenes fueron liberados.
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