En pleno siglo XXI, Perú retrocede en derechos LGBT

Este decreto utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades 10 (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), promulgada en 1992, para catalogar a las personas trans como ‘enfermos mentales’. Y el gobierno no tuvo mejor idea que lanzar este decreto el pasado 10 de mayo, tan solo una semana antes del Día Internacional contra la Homofobia.

La medida ha sido duramente criticada por organizaciones y activistas, que señalan que el decreto no solo es un retroceso significativo en los derechos de la comunidad LGBT, sino también un probable propulsor de prácticas discriminatorias.

La discriminación en el Perú hacia la comunidad LGBT tiene índices alarmantes. La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2017 reveló un panorama sombrío para la comunidad LGBT en nuestro país.

Según los datos, el 56,5% de la población LGBT no expresa su orientación sexual o identidad de género por miedo a ser discriminado o agredido. Además, el 62,7% reportó haber sido objeto de discriminación o violencia, incluyendo insultos, imposiciones de cambio de apariencia, expulsiones y negaciones de entrada a lugares públicos, así como violencia sexual.

Las consecuencias de esta discriminación son profundas y preocupantes. Un 70% de las personas encuestadas reportó sentirse socialmente aislada, y muchos indicaron experimentar sentimientos de culpa, fatiga, estrés e incluso ideas suicidas.

La falta de denuncias es también un tema preocupante: el 95% de las víctimas de discriminación no reporta los incidentes, citando la “pérdida de tiempo” como la principal razón para no buscar ayuda. Esta situación refleja una profunda desconfianza en las instituciones y una percepción de que la sociedad peruana no respeta la orientación sexual o identidad de género de las personas.

Los líderes religiosos y políticos han sido señalados como los grupos sociales que más utilizan un lenguaje ofensivo contra la comunidad LGBT. Esto refuerza estereotipos negativos y perpetúa un ciclo de discriminación y violencia.

La segunda encuesta sobre derechos humanos reveló que el 47% de las personas heterosexuales en Perú consideran que la comunidad LGBT es un grupo muy discriminado, siendo percibido como el más discriminado del país.

Además, el 46% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que “una persona trans vive confundida”, lo que demuestra la persistencia de prejuicios profundamente arraigados.

Es alarmante que en pleno siglo XXI, un estado que tiene la obligación de proteger y tratar por igual a todos sus habitantes promulgue un decreto retrógrado. Esta acción no solo pone en riesgo los derechos y la dignidad de la comunidad LGBT, sino que también amenaza con exacerbar la discriminación y violencia que ya sufren.